La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga al exfiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, y al excontralor General, Ricardo García Guzmán por haber archivado, en unos minutos y sin indagar, 13 averiguaciones previas por presuntos desvíos de recursos registrados durante la administración del exmandatario Javier Duarte de Ochoa. Reforma señala que de acuerdo con fuentes allegadas al caso, la investigación deriva de una denuncia de hechos presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público Estatal en contra de quienes resulten responsables. Por estos hechos, la autoridad ministerial indaga a los exfuncionarios por delitos contra la administración de la justicia. La conducta delictiva que se investiga deriva de la declaratoria de incompetencia dictada por la Subprocuraduría de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de 2015 para integrar 13 averiguaciones previas iniciadas por denuncia de la ASF por el presunto peculado de cientos de millones de pesos. Cuando la FGE recibió las indagatorias federales, giró un oficio a la Contraloría General del Estado (CGE) para solicitar informes sobre los recursos cuestionados; la mayoría de los desvíos por cientos de millones de pesos pertenecía a fondos del Sector Salud e infraestructura previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Conforme a datos obtenidos por este diario, la CGE tardó 16 minutos en responderle a la Fiscalía que los recursos señalados por la ASF habían sido debidamente aplicados o, en su defecto, no habían sido desviados. Una vez que la FGE recibió el informe, tardó una hora en determinar el no ejercicio de la acción penal de las 13 averiguaciones, es decir, archivarlas por falta de elementos, aunque sin llevar una sola diligencia. La ASF no se enteró, en principio, de que la PGR se había declarado incompetente para investigar estos casos, porque no fue notificada por el Ministerio Público Federal. Supo lo que había ocurrido con sus denuncias cuando la FGE ya las había archivado. Reforma publicó el martes que la ASF sostiene una batalla legal para tratar de revocar la determinación de incompetencia de la PGR para investigar actos de corrupción en Veracruz. Cuestiona que la dependencia no recabara su opinión antes de que determinara enviar las investigaciones a autoridades estatales, decisión que tomó a sus espaldas. De ganar la ASF sus demandas, las 13 averiguaciones serían reabiertas a nivel federal.