El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz para que, al amparo y con base en el decreto número 258 emitido por el Congreso del Estado y publicado el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado, contrate uno o más refinanciamientos por conducto de uno o más fideicomisos públicos sin estructura, en los cuales sus respectivos fiduciarios funjan como acreditados y se afecten irrevocablemente como fuente de pago de tales refinanciamientos, en todo o en parte, un porcentaje de las  participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado del fondo general de participaciones al que se refiere la Ley de  Coordinación Fiscal.

Este Decreto fue aprobado con 38 votos a favor. Se registraron 11 en contra y no hubo abstenciones.

El fiduciario de cada uno de los Fideicomisos celebre, en su carácter de acreditado, previas instrucciones que por escrito reciba del Estado, por conducto del Gobernador del Estado y/o del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Autorización antes referido, uno o más créditos y/o financiamientos y/o garantías de pago oportuno, con una o más instituciones financieras, entidades o personas de nacionalidad mexicana, con el objetivo de que los recursos que se reciban de tales operaciones sean derivados y entregados por el fiduciario del Fideicomiso.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione, negocie y acuerde los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para suscribir los convenios, contratos, títulos, financiamientos y demás documentos o actos jurídicos que resulten necesarios y convenientes.

Entre ellos, se otorga mandato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice la entrega de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, con motivo de su afectación para el pago de las obligaciones a cargo del o los Fideicomisos, así como para que celebre y lleve a cabo los demás actos contemplados en el presente Decreto.

Al hablar a favor del Dictamen, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Manuel de Unánue Abascal subrayó que se trata de una figura legal para reducir el monto de los pagos de la deuda para que el Estado cuente con solvencia financiera para las obras y acciones que están suspendidas.

De MORENA, la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos manifestó este decreto resulta insuficiente al no cambiar en términos sustanciales y –consideró- representa un nuevo esquema para el pago de deuda.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot expuso que emiten su voto de confianza al Gobierno estatal para que reestructure las finanzas del Estado, “hay gente que viene a decir que no, pero no presentan una solución”, añadió.