Era un “strike cantado”. Ya lo había anticipado el abogado defensor, pero tanto la Fiscalía, como el Tribunal Superior de Justicia en Veracruz desdeñaron sus palabras. Este jueves un juez de Distrito concedió a Javier Duarte amparo definitivo contra las dos órdenes de aprehensión emitidas por jueces del fuero común en su contra.

El jueves 29 de Junio, en esta misma columna, se vaticinó: “Una vez que se confirmó que el gobierno de México había iniciado los trámites para la extradición de Javier Duarte, el gobernador Yunes Linares instruyó al ‘fiscal autónomo’ Jorge Winckler para que hiciera lo necesario a fin de incorporar a la solicitud formal de extradición, las causas penales que se le seguían a Duarte de Ochoa en el fuero común, en Veracruz. Ahora se sabe que los expedientes presentados por Jorge Winckler se refieren a delitos menores y no dejan en claro la participación o responsabilidad de Javier Duarte en los hechos, por lo que con seguridad serán anulados cuando lleguen a instancias federales”.

Y así fue.

La Fiscalía de Veracruz incorporó a los trámites para la extradición de Javier Duarte, desde Guatemala, dos órdenes de aprehensión giradas por jueces locales, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Luego de la primera aparición de Javier Duarte ante un Juez de Control federal, para el trámite de imputación, el abogado defensor del exgobernador, Marco del Toro, confirmó que había solicitado un amparo para su cliente en contra de las acusaciones del gobierno de Veracruz porque –dijo- “si estas (las del fuero federal) son endebles, con las otras (las del fuero común) te vas de espaldas”.

Ahora está claro que lo que Miguel Ángel Yunes Linares pretendía era montarse al circo mediático de la extradición de Javier Duarte. Llegó a presumir que “gracias a él y a sus investigaciones”, la PGR había logrado armar un caso contra el exgobernador veracruzano.

En su afán por atraer los reflectores, se ofreció como “testigo” en contra de Javier Duarte, para aportar las videograbaciones que acumuló de sus entrevistas con amigos, excolaboradores y socios de Duarte.

Nada de lo que aportó en su audiencia con la PGR ha sido incorporado al caso. Para no “hacerle la grosería” lo citaron, lo dejaron hablar y le dieron las gracias.

Las denuncias que mantienen a Javier Duarte en la cárcel son las que formuló desde un principio la PGR y por las que un juez federal emitió la orden de aprehensión con la que se solicitó su captura en Guatemala. Las denuncias de la PGR se refieren a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y están relacionadas con las investigaciones que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a una red de empresas “fachada” que habría operado con la complacencia funcionarios del gobierno estatal.

Esa es toda la historia. Por eso Javier Duarte “se allanó” al trámite de extradición. Sabía que las denuncias del fuero común eran de risa, y sus abogados le aseguraron que, con una defensa inteligente y capaz, podría librar las denuncias federales en un par de años. A eso le apostó y, por lo menos hasta ahora, las cosas están saliendo como le prometieron.

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