La Fiscalía General del Estado (FGE), pidió una pena de 10 años de cárcel a Arturo Bermúdez Zurita por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Al presentar sus 57 datos de prueba con los que pretende llegar al juicio del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía solicitó además que le sean suspendidos sus derechos políticos y civiles, así como recibir una amonestación pública para no volver a delinquir.

La audiencia intermedia de Bermúdez, que había sido pospuesta el mes anterior, inició con el decreto de dos celebraciones alternas que habrán de realizarse para sus cómplices, Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández, quienes desde marzo han argumentado estar enfermos y han evitado con ello presentarse al desahogo de las diligencias.

Acto seguido la FGE recordó que el 26 de febrero de 2016, vía el subcomité de adquisiciones de la SSP, presidido entonces por Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa acordó, junto a Bermúdez Zurita otorgar el contrato SSP/UA/016/2016 a la empresa  “Guardias Empresariales en Seguridad Privada SA. de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, socio y hermana del imputado, además de Sofía Mendoza Hernández, pareja del ex secretario.

La Fiscalía sostuvo que tanto Bermúdez como Contreras Uscanga acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber puesto de conocimiento al subcomité de adquisiciones que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, violentando lo establecido en la Ley de Adquisiciones, que establece que no pueden otorgarse contratos a allegados o familiares.

La adjudicación a la empresa del ex servidor público fue para la prestación del servicio de víveres y desechables para el personal de la SSP, empresa a la que se le pagaron, vía cuatro transferencias, 2 millones de pesos y a la que se le quedaron a deber poco más de 4 millones de pesos.

A la par, la empresa de Bermúdez denunció al gobierno estatal, encabezado en esa fecha por su defensor principal, Javier Duarte de Ochoa, para que le fueran pagados otros 15 millones de pesos en casi 2 mil facturas.

Entre los elementos con los que la FGE pretende acreditar la relación comercial, afectiva y amistosa entre Esquivel y los familiares directos de Bermúdez con las empresas a las que se les otorgaron contratos, se encuentran las actas constitutivas de las mismas, actas de nacimiento de padres, hermanos y la esposa de Bermúdez.

Además, dictámenes, oficios y tarjetas informativas referentes a la sesión del comité de adquisiciones, sus determinaciones y demás referentes a la celebración del contrato con la empresa de Esquivel.

En total, son 42 documentales que se presentaron así como la petición de admitir 13 testimoniales, entre los que se encuentran los padres, hermanos y colaboradores de Bermúdez a su paso por la SSP, para que sean interrogados respecto a todo cuanto sepan de las relaciones empresariales, afectivas y profesionales con el auto nombrado  "Capitán Tormenta".

A la par, el asesor jurídico de la SSP pidió que entre los datos también se contemple la comparecencia de María Yolanda Rebolledo Domínguez, por haber tenido participación directa en los hechos.

Tras la lectura de los datos de prueba, la defensa de Bermúdez interpuso un recurso de incidencia que no fue admitido por la juez Estrella Iglesias Gutiérrez.

(Agencia de noticias loseditores.com).