Gran revuelo armó el director general de Desarrollo Regional de la SEDESOL Federal, Ariel Álvarez Fernández, al fustigar la autorización del Congreso de Veracruz para que los Ayuntamientos utilicen recursos del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, (FISM) 2017 para pagar y concluir obras ejecutadas en el 2016.

En primer lugar SEDESOL no es fiscalizadora y corresponderá a la SHCP y a la ASF, determinar la emergencia y la praxis del caso.

Al final, el funcionario federal será expuesto por su falta de oficio político y cuestionar sin un dictamen emitido por las entidades competentes la soberanía del Congreso local.

Si los adeudos de las obras inconclusas aparecen en los Estados de Cuentas de Orden, de la Cuenta Pública 2016, no habría desvío, sin contar la emergencia de la medida.  

Además, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, (FISM) no etiqueta recursos para programas específicos, por lo que la acción del Congreso, con el apoyo del ORFIS no se tipificará como un desvío de recursos.