Tres políticos mexicanos están cortados con la misma tijera. Corruptos y autoritarios, de izquierda y de derecha, con un mismo pasado (el PRI), pocas diferencias significativas pueden esgrimirse a la hora de observar la actuación de Javier Duarte de Ochoa, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes Linares. Al menos en su actitud ante la prensa.

Amenazantes, con discursos que buscan generar las condiciones para reprimir a aquellas voces críticas que le son incómodas, señalándolas de estar vinculadas con el crimen organizado, tanto Duarte como Yunes han escrito las más negras páginas de la relación del Estado con los medios de comunicación. 

Ambos pusieron en entredicho la actuación de periodistas sin mencionarlos por su nombre, embarrando con ello a todo el gremio de estar vinculado con criminales, el primero al de Poza Rica y el segundo al de Veracruz y Xalapa.

Autoritarios y arrogantes, tanto Andrés Manuel López Obrador (dirigente de Morena) como el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares han actuado como si fueran hermanos gemelos cuando se sienten incomodados por los reporteros que formulan preguntas sobre temas delicados que no quieren abordar.

El 13 de mayo pasado, en el aeropuerto de Veracruz, un incombustible Andrés Manuel arremetió contra la prensa veracruzana, sobre cuya cabeza ha pesado en los últimos siete años la espada de Damocles, por el solo hecho de ser cuestionado sobre el polémico caso de la exdiputada local Eva Cadena Sandoval y sobre cómo le afectaban los videoescándalos. Colérico, dijo al periodista: “Ahí está, te lo dije, te mandó Yunes, me estás atacando”.

Su grosería fue más allá al afirmar que Miguel Ángel Yunes Linares tiene a los periodistas bien controlados y maiceados, cuando la prensa veracruzana ha seguido sus pasos y ha informado de sus monótonos y básicos discursos donde prodiga recetas y frases insubstanciales.

Apenas este lunes 21, el ‘maiceador’ Yunes Linares mostró que había aprendido bien la clase de su antiguo camarada de partido, durante la conferencia de prensa posterior a la inauguración de cursos 2017-2018. Primero, quiso librarla tratando de imponer una conferencia monotemática, en que solo se hablara de los supuestos logros de su gobierno en materia educativa; al no poder hacerlo, se fue duro y a la yugular de sus interlocutores de los medios.

“Hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos; yo sé que hay [medios de comunicación] quienes no les gusta reconocerlo y les cuesta mucho trabajo porque no tenemos convenios y no vamos a tener, esa es la realidad”.

Con esa estúpida salida, la de atribuir a la falta de convenios de publicidad con los medios las incómodas preguntas que se le hacían, particularmente aquellas relacionadas con el renacimiento de las empresas mineras a suelo abierto durante su gobierno (que afectarán gravemente el futuro de Veracruz), Yunes Linares mostró el carácter autoritario que le ha caracterizado durante toda su carrera política, y de paso, mostró la importancia que le da a los medios y a los lectores, televidentes y radioescuchas de esos medios.

Impunidad y criminalización en agresiones a periodistas

No ha sido la única diatriba del gobernador con la prensa. El 2 de agosto, al dar la bienvenida al nuevo coordinador de la Policía Federal en Veracruz, había recriminado a la prensa que “es muy sencillo tomar una computadora y escribir, o subir a la red un comentario negativo en contra de la Policía, es mucho más sencillo eso que tomar un arma, un radio, subirse a una patrulla, irse a la carretera, comer donde se pueda, dormir si se puede, y enfrentar a una delincuencia que tiene armas, que tiene poder, y que no tiene corazón y no tiene conciencia”.

A ese discurso, escribí en su oportunidad: “Yo le digo al señor Gobernador, con todo respeto, que cada quien elige su profesión, que quienes pertenecen a un cuerpo policiaco saben cuáles son los riesgos que asumen y por eso se les paga; que él perseveró para ser gobernador y no veo por qué ahora deba sentirse maltratado por la crítica; que los veracruzanos por cuya seguridad juró velar se enfrentan a los mismos peligros sin tener un arma (ni una policía eficiente) con qué defenderse, y que sobre los periodistas, sin tener conciencia de ello, ha pendido hace años un peligro similar al que enfrentan los policías, y lo ha podido comprobar porque en su gobierno ha sido asesinado uno en un restaurant y a otro por poco se le escapa la vida luego de ser baleado.”

Ahora, ya no solo es un periodista asesinado, Ricardo Monlui (quien fuera acribillado el domingo 19 de marzo en un restaurant en Yanga, y de cuyos homicidas no se sabe nada, continuando con la suerte de impunidad impuesta durante el gobierno de Javier Duarte), sino tres, con el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, alias Pabuche, este martes 22 en Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, y de quien ya se ha afirmado que no fue asesinado por su labor informativa, pese a que había recibido persistentes amenazas del exalcalde priista Gaspar Gómez y, por ello, estaba en el mecanismo de protección del gobierno federal; y el fotógrafo hondureño Edwin Rivera Paz, también asesinado con arma de fuego en Acayucan. 

Para colmo, según denuncia de la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, la Fiscalía General del Estado (FGE) perdió investigaciones y testimonios de exfiscales y exprocuradores en los casos de agresiones y asesinatos contra periodistas en el estado, y añadió que en la revisión de los casos detectaron que la pasada administración de la Fiscalía, las investigaciones se quedaron estancadas o hubo información y testimoniales que no fueron integradas a las carpetas.

“Hubo un muy mal manejo de los expedientes en la administración anterior; hay pruebas que se han perdido, testimonios que se han perdido y es increíble que haya más avances en las investigaciones que se hicieron a nivel periodístico por parte de algunos compañeros que lo que está asentado en las actas.

 “Hubo declaraciones oficiales del Gobierno anterior de parte del Procurador o el Fiscal y resulta que eso no está asentado en las investigaciones y que serían datos importantes; algunos que se han dado por resueltos, pero al revisar las carpetas de investigación resulta que no coinciden”.

Dijo que, actualmente, al menos 18 periodistas tienen medidas cautelares de mayor intensidad dadas las amenazas que han recibido en su contra, y que otros 50 tienes diversas medidas de seguridad, aunque acotó que son “menores”.

Ese riesgo, que ha sido reforzado en los siete últimos años por el desprecio y rompimiento de dos gobernadores con los trabajadores de la información, se incrementará gracias a la impunidad generada por gobiernos displicentes y cínicos.

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