Veracruz sigue en el tope de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo, afirmó la directora de la organización Artículo 19 en México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas. En entrevista para Quadratín México, se refirió al asesinato del periodista veracruzano Cándido Ríos Vázquez, ocurrido apenas el 22 de agosto, y sobre quien ya pesaban amenazas desde 2012 y 2013.

Pese a que Ríos era beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación, Ruelas consideró que este mecanismo será vulnerable en tanto no se castigue a los autores de amenazas y agresiones. También alertó que la Ciudad de México ya está a la par que Veracruz en cuanto a número de agresiones, aunque en la capital se registran más por redes sociales, como es el caso de Héctor de Mauleón, quien pese a recibir amenazas desde el año pasado, no hay nadie detenido, criticó. –

 Luego del asesinato de Cándido Ríos, ¿qué tan grave es la situación de violencia contra los reporteros en México? Hay que tomar en cuenta que Artículo 19 aún está documentando el caso de Cándido Ríos precisamente para identificar cuál era el tipo de medidas de protección y cuáles fueron las causas que originaron que ingresara como beneficiario.

Tenemos documentadas en 2012 y 2013 una serie de amenazas ocurridas en su contra, también hemos hablado con sus colegas de su medio pero es importante decir que Veracruz no ha dejado de ser una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo a pesar de la transición. “Después de la semana pasada Artículo 19 publicó un análisis de las agresiones de enero a junio y Veracruz seguía al tope de la lista con el mismo número de agresiones que la ciudad de México, y hay que decir que este año ya había ocurrido un asesinato a un periodista en Veracruz, Ricardo Monlui, y precisamente la falta de investigaciones diligentes, puntuales como en el caso de Javier Valdez, Miroslava Breach lo que origina es que estemos hablando de asesinatos a periodistas cada mes y de agresiones a la prensa, con 1.5 agresiones por día y esto tiene que ver con la falta de investigación y del 99.75 por ciento de impunidad y que la mayoría de los perpetradores de las agresiones contra la prensa son funcionarios públicos.

“De las 276 agresiones que ocurrieron de enero a junio de este año, en el 50 por ciento  los perpetradores fueron funcionaros públicos. Esto es muy relevante si tomas en cuenta el 99.75 por ciento de impunidad, que el Estado no se está investigando a sí mismo porque está dejando de reconocer que tiene que sancionar a sus propios funcionarios públicos para que dejen de influir en líneas informativas, para que dejen de amedrentar a los periodistas, asesinarlos o amenazarlos”. –

¿El mecanismo está o no funcionando, tienen alguna evaluación al respecto? Hay que tomar en cuenta que la medida de protección idónea, integral tiene que ver con el combate a la impunidad. Si tú tienes miles de botones de pánico, miles de escoltas pero no estás investigando la causa por la cual un periodista ingresó al mecanismo, si no estás sancionando al perpetrador que originó que el periodista ingresara al mecanismo, entonces el mecanismo se va a llenar de gente, no va a haber nunca recursos suficientes porque no se está enviando un mensaje de que a los periodistas no se les puede amedrentar. “Para hablar de protección se requiere hablar de una protección integral, no solamente ver a la Secretaría de Gobernación sino a la PGR, una procuraduría que no es autónoma para efectivamente hablar de que existe una protección integral. Hoy por hoy lo que el mecanismo sugiere que cuando existe un caso de violencia muy grave en estados, tienes que moverte, desplazarte pero si no investigas nunca se va a regresar el periodista y lo que se va a generar es un estado de silencio en el que él fue extraído”.

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