A escasos 9 meses de la elección para el cambio de poderes en la Presidencia de la República, de gobernadores, legisladores y hasta alcaldías -en lo que será quizá la más intensa lucha política de los últimos años-, el panorama no pinta nada bien no solo para el partido en el poder sino para el régimen político que ha gobernado el país en los últimos 100 años.  

Hasta hoy, los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México y la CDMX, están pasando por momentos de dolor e incertidumbre en el que muchos han perdido todo.

Estos estados aglutinan al 47% de la población total del país, y más del 40% del Padrón Electoral nacional.

Hasta hoy no hay reclamo masivo; hasta hoy los funcionarios peñistas han hecho presencia; han estado donde deben estar.

La presencia y los mensajes de solidaridad y aliento no tienen parangón con lo sucedido en el 1985. Sin embargo, las declaraciones hacen pensar que el proceso de reconstrucción no será corto. 

Esto es grave porque una vez que pase la emergencia, la cruda social será agresiva, reclamante. La gran cantidad de personas lastimadas será presa fácil para ser utilizada como banderas políticas en plenas campañas electorales.

Se habla del uso esperanzador del Seguro contra terremotos que el Gobierno tiene contratado por casi 3 mil millones de pesos, pero éste no da esperanza alguna pues el burocratismo al que se ajustan este tipo de seguros no es de rápida entrega. 

Por otro lado, el gobierno habla de destinar otros 500 millones de recursos presupuestales y dice que endeudar al país no es el camino.

Salir de esta crisis sólo con esos recursos no queda más que en buenos deseos, pero insuficientes.

El tiempo avanzará, la paciencia tiene límites y sabido es que hasta la saliva se acaba.

Por ello, los próximos 5 meses serán la clave para que el partido en el poder no sea borrado del mapa electoral.

En la ortodoxia burocrática, vimos que en Chiapas y Oaxaca la burocracia gubernamental se demoró dos semanas para levantar el Censo de daños. Dos semanas que ya deberán ser descontadas de los 5 meses fatídicos.

Es inconcebible que a la fecha aún no se autoricen los recursos del FONDEN, ni se haya iniciado la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca.

Con el 47% del padrón electoral lastimado, el gobierno de Peña Nieto tendrá que salirse de los cánones burocráticos o tendrán muchos años para lamentarlo.

La emergencia es la emergencia y solo tienen 5 meses para cumplir con las miles de personas que lo han perdido todo.

Al monto del Seguro contra Terremotos, Hacienda debe disponer de un Puente financiero con recursos presupuestales y ponerlo a caminar pero ya.

La autorización del FONDEN  debe autorizarse con montos estimados y condicionados a la cuantificación real de los daños.

En la emergencia se deben dejar de contratar a grandes empresas para la reconstrucción y utilizar a microempresas locales y artesanos para la reactivación económica regional.

Si el gobierno se ha endeudado para otros fines quizá no tan prioritarios, en este caso de emergencia y reconstrucción por los Sismos y Huracanes, está más que justificado hacerlo.

El gobierno debe suspender un paquete amplio de obras autorizadas y recursos que a la fecha no se hayan ejercido, para poder canalizar esos recursos a la reconstrucción.

Peña Nieto cuenta con cinco meses, 150 días fatídicos, para no pasar a la historia como el gran deudor de los damnificados.

Peña Nieto tiene la palabra.