En tanto un tribunal colegiado no resuelva el toca de queja presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), contra la suspensión definitiva otorgada a Javier Duarte de Ochoa para evitar ser detenido por delitos del fuero común, en Veracruz no podrá ser llevado a juicio, lo que incluye todo tipo de audiencias.

Este día, la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez, quien liberara las órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, informó a la juez federal que concedió el amparo, que no reprogramará las audiencias iniciales del ex mandatario.

Este desistimiento surtirá efecto en tanto el colegiado se pronuncie ya sea por confirmar la suspensión definitiva o revocar la decisión de la juez Sandra Leticia Ortega Tlapa, otorgada en agosto pasado.

Cabe recordar que la juez Sosa Jiménez había fijado para el pasado 22 de septiembre las audiencias iniciales donde el ex mandatario debía comparecer por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, peculado y coalición.

Sin embargo, tras ser notificada que el 9 de agosto la juez federal Sandra Leticia Ortega Tlapa otorgó al ex priista la suspensión definitiva contra ambas aprehensiones, la juzgadora de Veracruz comunicó por escrito que cancelaba las audiencias.

"La suscrita deja sin efecto la fecha que fuera señalada para audiencia inicial (22 de septiembre de 2017 a las 19:00 horas y las 14:00 horas, respectivamente) dentro de los procesos radicados en contra de Javier Duarte de Ochoa", indicó.

"Por tanto se encuentra impedido este órgano jurisdiccional (para celebrar las audiencias), al encontrarse dicha suspensión definitiva subjúdice, lo cual queda supeditado a la resolución que tenga a bien emitir el Primer Tribunal Colegiado".

Cabe señalar que la suspensión otorgada a Javier Duarte no detiene en absoluto el proceso que se le sigue al ex gobernador veracruzano, sino que deja sin efecto las órdenes de aprehensión liberadas por la juez.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad resolverá el recurso de revisión promovido por la PGR contra la suspensión definitiva concedida al exgobernador.

El exmandatario está preso en el Reclusorio Norte vinculado sólo por un expediente federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.