En este mismo espacio se publicó el pasado 24 de septiembre un diagnóstico sobre la situación jurídica del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

En aquella ocasión escribí:

“Lo que los abogados de Duarte pretenden es ganar tiempo, pues al mismo tiempo, el Primer Tribunal Unitario se debe de pronunciar sobre el recurso de apelación que presentó la defensa por el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por delitos del fuero federal (lavado de dinero y delincuencia organizada).

“Son tres los escenarios que anticipa la defensa del exgobernador, respecto a la resolución del magistrado del Tribunal Unitario: El primero y más optimista, que se considere que no hay elementos suficientes para someter a proceso a Duarte de Ochoa por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y en ese momento decrete su libertad lisa y llana.

“El segundo, que considere que con los indicios de prueba presentados por la autoridad ministerial no se configura la delincuencia organizada (única imputación grave y que lo mantiene en prisión preventiva) y sólo enfrente proceso por uso de recurso de procedencia ilícita. En este caso, la defensa solicitaría que se le apliquen las medidas cautelares, (que se le imponga el pago de una fianza), para continuar con su proceso en libertad.

“El tercer escenario es que se ratifique el auto de vinculación a proceso por ambos delitos y que Duarte de Ochoa enfrente el juicio privado de su libertad. En ese caso ya no tendría sentido prolongar la audiencia inicial por delitos del fuero común en Veracruz”.

Este martes, tres semanas después de que escribiera ese artículo, el magistrado federal Miguel Ángel López Aguilar confirmó el auto de vinculación a proceso de Javier Duarte, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero de, por lo menos, mil 670 millones de pesos.

En opinión del magistrado, el Estado tiene la obligación de corregir las consecuencias de la corrupción, la cual es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social, y consideró que “los datos de prueba apuntan a que una agrupación criminal conformada, probablemente, por nueve personas, de la que una de ellas fungía como dirigente, enramó una red de corrupción que tenía como propósito desviar recursos públicos, lo que impactó en la administración pública y por ende, en la seguridad nacional”.

En virtud de que se dio el tercer escenario de los considerados por la defensa del exgobernador veracruzano, muy pronto se podrían llevar a cabo las audiencias relativas a las órdenes de aprehensión emitidas en el fuero común, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, coalición y tráfico de influencia.

Para la realización de estas audiencias hay también diversas opciones. Una de ellas es que el reo sea trasladado a la sala de audiencias del juzgado del fuero común, en territorio veracruzano, para que esté presente durante dicho procedimiento jurídico.

Otra opción, es que la audiencia se realice mediante une videoconferencia, y una posibilidad más es que se solicite la asistencia de los juzgados en la ciudad de México para que sean los juzgadores de esa jurisdicción los que lleven a cabo las audiencias.

La defensa de Javier Duarte ha argumentado que el traslado de su defendido a Veracruz implica un alto riesgo para su integridad física, y que la videoconferencia no le garantiza un puntual seguimiento de la audiencia, por lo que están solicitando que dichos procedimientos tengan lugar en una sala de la capital del país.

En los próximos días habrán de conocerse los términos que prevalecerán en los juicios que se llevan a cabo en contra de Javier Duarte en el fuero común.