La Fiscalía General del Estado (FGE) aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a las omisiones en la investigación de la desaparición de una activista y además indagará y sancionará a los servidores públicos involucrados.

Este lunes se informó que el organismo autónomo a cargo de Jorge Winckler Ortiz acatará las recomendaciones específicas que dentro de la recomendación general 4/2018, se emitieron a la FGE.

La CNDH considera que la Fiscalía, entonces al mando de Luis Ángel Bravo Contreras incurrió en la violación del derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, esto en torno a la investigación de los hechos suscitados el 23 de marzo de 2016 en Boca del Río, donde una activista de derechos humanos fue sustraída por un grupo armado.

En la recomendación, la CNDH señaló que si bien las autoridades ministeriales de la anterior administración iniciaron la investigación de los hechos, omitieron realizar diversas diligencias establecidas en el acuerdo 25/2011, encaminado a a acciones básicas en materia de personas desaparecida, así como omitir realizar la búsqueda inmediata de la víctima al momento de la denuncia.

Asimismo, se recrimina que no se obtuvo información que debe hacerse llegar de manera inmediata, como las imágenes de cámaras de videovigilancia y de casetas, mismas que se eliminan de manera automática si no son solicitadas; la FGE tampoco tomó como línea de investigación el activismo de la víctima.

Cabe destacar que tan solo en el primer trimestre del 2018, la FGE ha logrado 40 órdenes de aprehensión contra servidores públicos involucrados en desaparición forzada, colocando a la entidad como la más avanzada en esta materia.