Víctimas y organizaciones humanitarias pidieron medidas para lograr que México acabe con la impunidad en miles de casos de tortura en ese país, al iniciarse este lunes en Santo Domingo el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un documento, demandaron “conformar un mecanismo internacional para combatir la impunidad que le permita al Estado mexicano investigar y presentar acusaciones en contra de las personas que participan en políticas que promueven, facilitan o toleran la tortura, incluidos funcionarios”.

La solicitud se produce en medio de denuncias de graves violaciones de derechos humanos como la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa, a manos de policías que los entregaron a sicarios, según la investigación oficial.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desestimó este lunes señalamientos de tortura contra 34 de los 129 procesados por ese caso, contenidos en un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En un oficio dirigido a esa instancia y consignado ante la CIDH, el gobierno mexicano consideró “prematuras” las conclusiones y aseguró que “todas las presuntas violaciones” de derechos humanos son “debidamente investigadas”.

Sin embargo, según declaró ante la CIDH Francisco Rodríguez, vocero de la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la tortura en México es “una práctica normalizada y común entre las instituciones militares, policíacas y de procuración de justicia”.

Más de 200.000 personas han sido asesinadas en México y unas 30.000 están desaparecidas desde que el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado a finales del 2006, según cifras oficiales, que no precisan cuántas de ellas han sido víctimas del combate a las mafias.

Rodríguez subrayó que únicamente se han emitido 16 sentencias condenatorias por tortura desde 2006, sobre 9.000 investigaciones.

(Extracto de artículo publicado en www.24matins.es)