La federación ordenó al fiscal general Jorge Winckler Ortiz ir tras su ex homólogo, Luis Ángel Bravo Contreras por incumplimiento de un deber legal abuso de autoridad y lo resultante, al haber archivado 13 denuncias contra ex duartistas, por simulación de reintegros.

Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR), podría ir en breve contra ex servidores públicos, algunos incluso ya presos, por desfalco a la hacienda federal, por un monto superior a los 4 mil millones de pesos.

Tras presentar un amparo, Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), logró que la justicia federal lo protegiera y ordenara tanto a la PGR como a la FGE dejar sin efecto los acuerdos para no ejercitar acción penal contra ex duartistas y además tenerlo como coadyuvante en la investigación al gobierno pasado.

Por un lado, la ASF reclamaba que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, resolvió enviar en febrero de 2015 un paquete de denuncias integradas en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/384/2014 por peculado, para que la entonces Procuraduría General de Justicia las resolviera, sin tener esta última facultades para ello y sin darle aviso previo.

Por otro lado, reclamó también que el organismo a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras determinara, en solo unas horas, el no ejercicio de la acción penal y ordenara el archivo de la indagatoria FESP/044/2015/III-02, con motivo del desvío de fondos federales.

De acuerdo con la resolución, el argumento de Bravo es que los recursos, al ingresar a la hacienda del estado pasaban a formar parte de sus recursos propios, podría conocer de los asuntos, en los que aparentemente no encontró delito que perseguir.

La justicia federal determinó que los fondos federales en cuestión no se constituyen como parte de la hacienda de las entidades, pues están sujetos a lineamientos del Gobierno Federal, por lo que el reclamo de la ASF y el daño a su patrimonio, son fundados, resolviendo a favor de la Auditoría.

Simulación

El caso, se remite a la auditoría practicada a la Cuenta Pública 2010, efectuada el 3 de octubre de 2011 en la que se detectó que los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz a través de diversos fondos estaban sujetos a diversas irregularidades, por lo que era necesario requerir el reintegro de los mismos.

La ASF detectó que en la época en que se verificó la fiscalización referida, se advirtió que con motivo del seguimiento de los reintegros se determinó que el gobierno de Veracruz, "pretendió bajo un esquema de simulación, solventar las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación".

Esto, toda vez que en una cuenta bancaria a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz se depositó el recurso por un total de 110 millones 868 mil 314.77 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) "únicamente para obtener los documentos comprobatorios de los reintegros y presentarlo a la Auditoría Superior de la Federación para solventar las irregularidades determinadas y posteriormente regresarlos a la cuenta bancaria de origen", el 17 de enero de 2012.

Lo anterior "sin que exista evidencia documental que acredite el ejercicio de los recursos para los fines del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ni tampoco que el mismo haya regresado a la cuenta específica donde debió administrarse su ejercicio".

Todos implicados

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa aplicó el mismo esquema para diversos fondos desviados.

Incluso desde el año 2008, con Javier Duarte como titular de la Sefiplan y Fidel Herrera Beltrán como gobernador, ya se realizaba la simulación de reintegros, que derivó finalmente en las denuncias de la ASF ante la PGR.

Previo a las querellas interpuestas por la Auditoría, se determinó dar una última oportunidad a Duarte para solventar los desvíos, oportunidad que dejó pasar, pero cuyo incumplimiento forma parte de los medios de prueba de la PGR contra ex servidores públicos, incluido el mismo Bravo Contreras.

La mencionada oportunidad se dio en marzo de 2014 cuando se firmó una minuta entre autoridades federales y representantes del gobierno de Veracruz, para establecer una calendarización de pagos que fueron simulados en su reintegración.

El documento tiene las firmas de quien en ese momento era el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston Hernández, así como el preso Mauricio Martín Audirac Murillo, quien entonces fungía como contralor general del estado, por parte del gobierno de Veracruz.

De parte de la ASF, la minuta está rubricada por José Tristán Torres y Humberto Almaguer Arredondo, directores generales de Auditoría a los Recursos Federales; también está la firma de Antonio Portilla Vázquez, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), quien ya salió a lavarse las manos.

En la minuta, la ASF reclama el pago de diversos fondos del 2008: 35 millones 672 mil 695.97 pesos del FASSA; del FISE un monto de 67 millones 75 mil 451.71 pesos; del FAETA reclama 20 millones 950 mil pesos así como 31 millones 829 mil 937.16 pesos del FAFEV.

Del 2009, los montos que debían devolverse de acuerdo a la minuta, ascendían a los 2 mil 326 millones 575 mil 100 pesos del FAEB; 2 millones 639 mil 745.35 pesos del FASSA; 55 millones 300 mil pesos del FASP y del Seguro Popular 96 millones 789 mil 869.43 pesos.

Para el caso del 2010, debían devolverse 110 millones 868 mil 314.77 pesos del FAEB (fondo del que deriva la denuncia de la ASF); 851 mil 148.51 pesos del FASSA; del FAETA 956 mil 859.68 pesos, así como 405 millones 911 mil 99.51 pesos del Seguro Popular.

De fondos del 2011, también se había acordado reintegrar 2 millones 551 mil 389.60 pesos del FASSA; 10 millones 54 mil 570.43 pesos del FAFEF y mil 602 millones 185 mil 792.78 pesos del Seguro Popular, un total de 4 mil 770 millones 211 mil 965.90 pesos.

De dichas simulaciones se desprenden también un paquete de denuncias que no fueron desahogadas por Bravo Contreras y ahora están en manos de la PGR, que se adhieren a su indagatoria; estas quedaron asentadas en las siguientes carpetas:

6/2015/III-02; FESP/037/2015/III-02; FESP/038/2015/III-02. 7; FESP/039/2015/III-02; FESP/040/2015/III-02; FESP/041/2015/III-02; FESP/042/2015/III-02; FESP/043/2015/III-02; FESP/044/2015/III-02 y FESP/045/2015/III-02.

Acción penal

El amparo, que ya causó ejecutoria, de acuerdo con pruebas entregadas apenas el mes pasado, establece dos puntos importantes:

1.- Determina que fue ilegal que PGR se declarara incompetente para conocer y resolver las denuncias, así como haberlas remitidos a la FGE de Veracruz para que esta los resolviera. Asimismo, la obliga a reconocer el carácter de coadyuvante de la ASF.

2.- Establece que fue ilegal el no ejercicio de la acción penal que hizo la FGE del estado de Veracruz a estas denuncias presentadas por la ASF, en la resolución del 4 de junio de 2015, por lo que se dictó otra en la que se declaró incompetente para seguir conociendo de las indagatorias.

En consecuencia, se deja sin efecto el no ejercicio de acción penal que ordenó Luis Ángel Bravo Contreras, con pleno conocimiento del contralor de ese momento, Ricardo García Guzmán, por lo que se ordenó regresar la carpeta a PGR al ser ilegal la incompetencia que estos plantearon.

Asimismo, el juez federal ordenó a la PGR que con plenitud de jurisdicción, si considera qué hay elementos que hagan presumir desvío de recursos públicos, ejercite acción penal a la brevedad en contra de los ex funcionarios de Veracruz.

Incluso, la PGR informó el pasado 26 de marzo a la autoridad federal que "actualmente continúaa con la investigación y perfeccionamiento en la integración de la averiguación previa A.P.PGR/UEIDCSPAJ/SP/M-VI/384/2014", es decir, no ha desistido de la acción penal.

(Gaby Rasgado, Agencia Los Editores)