CDMX.- El Economista.- J. Monroy, M. Rubí Y D. Badillo.- Ricardo Peralta se pronunció por que el Ministerio Público sea autónomo con el fin de que las investigaciones sean idóneas.

El Fiscal anticorrupción que nombre el Senado a partir de septiembre tendrá que ser un gran cabildero para lograr que el Congreso le apruebe brazos para operar, pues de lo contrario será “imposible combatir la corrupción”, afirmó Ricardo Peralta Saucedo, integrante de la terna propuesta por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ser el primer fiscal anticorrupción.

Los otros prospectos al cargo son María de la Luz Mijangos Borja y Diana Álvarez Maury

Entrevistado por El Economista, Peralta (quien competirá por el cargo junto con María de la Luz Mijangos Borja y Diana Álvarez Maury), expuso que si bien el fiscal podrá operar con elementos básicos para perseguir los actos de corrupción, requiere de otros instrumentos para allegarse de información bancaria, inmobiliaria, fiduciaria, de paraísos fiscales, y hasta vehicular de los funcionarios. Destacó que el principal objetivo del fiscal debe ser la recuperación de todos los activos en casos de desvío de recursos públicos.

 “¿Cuál será la labor del fiscal, quien sea que llegue? Se tendrá que convertir en un gran cabildero al interior de la Cámara de Diputados y del Senado para ir construyendo su propio marco legal. Invitar al Senado de la República a que suscriba convenios internacionales para que se conozca la información (de paraísos fiscales); acuerdos legislativos para tener acceso a los registros públicos de propiedad y comercio, del registro de vehículos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para conocer información de propiedades de los funcionarios que no puedan acreditar.

“Si realmente existiera una forma de corroborar toda la información de los servidores públicos, serían muy fáciles las investigaciones. De otra manera, sin esa fortaleza legislativa y en esa posibilidad de tener información, va a ser, no complicado, imposible, combatir la corrupción”, aseveró.
SNA, en obra negra

Cuestionado sobre la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Ricardo Peralta consideró que “lo primero que se tiene que hacer con el SNA es una reingeniería legislativa para darle las atribuciones que realmente necesita (...) creo que está en obra negra y en un porcentaje muy menor de obra negra, en 30%, a pesar de que están integradas siete instancias entre ellas el comité de Participación Ciudadana, están atados de manos”, aseveró.

El abogado de la UNAM aseguró que la reducción de salarios para altos funcionarios que ordenó López Obrador a partir del 1 de diciembre no incentivará la corrupción. “Se está pensando en que las personas que ocupen estos lugares no van por un sueldo”, expuso.

Peralta Saucedo tomó como positiva la eliminación de los Órganos Internos de Control (OIC) para crear un sólo ente, como lo anunció Obrador. Estimó que se convirtieron en arietes de presión política, en lugar de entes preventivos y sancionatorios de la corrupción.

“El hecho de concentrar todo en un sólo ente da mucho más control, también para evitar actos de corrupción”, refirió.

Defiende ternas

El propuesto para fiscal anticorrupción defendió que los nombramientos de fiscal general y anticorrupción sean mediante una terna del próximo Ejecutivo federal.

“Yo creo que a quien hay que darle sobre todo autonomía es al Ministerio Público, no a la institución como tal. El que (el Ejecutivo) nombre a un fiscal no es relevante (...)  Si no se da esa autonomía a los MP frente a su fiscal, entonces sí podríamos incurrir en que las investigaciones no fueran lo transparentemente idóneas que queremos como mexicanos”, aseveró.

Ricardo Peralta también afirmó que el próximo fiscal no podrá dar carpetazo a casos emblemáticos de corrupción que tienen una denuncia en curso, como Odebrecht, la estafa maestra y el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“No los puede enterrar porque son denuncias iniciadas. Si el fiscal que llegue toma la decisión de no investigar, incurre en responsabilidad penal (...) Su obligación es llegar a las últimas consecuencias”, concluyó.

Crestomatía.