Es permitido que en las polémicas discusiones unos fijen sus posturas. Legítimo es que cada quien defienda sus intereses, pero en casos como el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción y el de una docena de Magistrados del Poder Judicial, también debería contar el interés de una ciudadanía que, aunque legalmente sí, en la praxis no está representada en el Congreso.

Si se logra nombrar los dos entes en conjunto por la actual Legislatura, se estaría, como se afirma, protegiendo a quien los propone, ¿pero acaso no es lo mismo que buscan quienes hoy se oponen? Los que hoy se oponen no quieren un Fiscal “a modo” del Gobierno saliente, quieren un Fiscal “a modo” del gobierno entrante.

Tanto el Fiscal Anticorrupción como los Magistrados deberían estar para beneficio del pueblo y no para proteger a los equipos políticos que se van o a los que llegan.

Aquí solo queda Chana o Juana. O a Yunes Linares y su equipo, o a Cuitláhuac y su equipo… pero la designación parece innegablemente manchada por el influyentismo. ¿Que están pensando en la ciudadanía? ¡Pamplinas!