Con la finalidad de cumplir el ineludible compromiso que tiene el Estado de garantizar la seguridad social de los trabajadores, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó con 42 votos la reforma a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz.

Esta reforma, resultado del trabajo de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado, presidida por la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, suma de esfuerzos  y de diversas mesas de diálogo con asociaciones de pensionados y jubilados, así como sindicatos.

De esta forma se establece que la ley es de carácter público y de interés social, tiene por objeto establecer el régimen de prestaciones de los trabajadores de base y de confianza de la entidad y su cumplimiento estará a cargo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, como organismo público descentralizado dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Se instaura un Comité Financiero como órgano auxiliar del Consejo Directivo que tendrá como función la elaboración de políticas financieras, orientación de la inversión y todo tipo de acciones de este carácter que decida el Consejo Directivo.

También un Comité de Transparencia, como órgano interno encargado de gestionar las solicitudes de acceso a la información y los recursos de revisión, así como supervisar el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

El Consejo Directivo se integrará con quince miembros: ocho representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del Ejecutivo, uno de los cuales será el Director General del Instituto; seis representantes de los organismos sindicales con representación estatal afiliados al Instituto, y un representante de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto; un diputado del Congreso del Estado podrá asistir a las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto.

Los miembros del Consejo Directivo que asistan en representación del Gobierno del Estado permanecerán en sus funciones lo que duren sus nombramientos. Los representantes de los organismos sindicales, durarán en sus funciones seis años y las asociaciones de jubilados y pensionados tres años.

El Instituto deberá auxiliarse del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a fin de que se realicen las auditorías necesarias que permita conocer el manejo de los estados financieros del mismo. Del mismo modo deberá realizar un estudio actuarial en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

Cabe destacar que a través del artículo primero transitorio se establece que este Decreto entrará en vigor el primero de diciembre de 2018.

En los posicionamientos, la diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Daniela Griego Ceballos manifestó que este Dictamen es resultado del esfuerzo del trabajo de organizaciones y sindicatos. Dijo que es una muestra de la democracia participativa y que sobre todo se busca el bien de las y los pensionados y jubilados.

Del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, el diputado Ernesto Cuevas Hernández subrayó que esta reforma permitirá que el organismo cuente con mecanismos para un mejor manejo de los recursos, se limita la integración del Consejo Directivo y se ha transparentan las acciones.

El diputado José Manuel Sánchez Martínez, del Grupo Legislativo del PAN, señaló que esta modificación viene a restituir lo que en la era del ex gobernador Javier Duarte daño a miles de trabajadores. Añadió que el interés humanista y social se ve reflejado en un dictamen a favor de las y los trabajadores.

De igual manera el diputado Zenyazen Roberto Escobar García y Yazmín Copete Zapot manifestaron sus puntos de vista en lo general.