Xalapa, Ver.- Gabriela Rasgado.- Juan Manuel del Castillo González, excolaborador de Javier Duarte de Ochoa y actual diputado local es uno de los legisladores a los que el pasado miércoles hizo referencia el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como presunto responsable de diversos delitos y que iría a la cárcel.

Manuel Francisco Martínez Martínez es el segundo de los diputados locales en la lista de espera: una vez que se les termine el fuero constitucional, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutará las respectivas órdenes de aprehensión que ya tiene en contra de ambos.

El pasado miércoles, durante la puesta en marcha oficial del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) el gobernador recriminó que los diputados ajenos a los partidos en el poder, hayan evitado que la propuesta para eliminar el fuero se hiciera realidad. Y recriminó más que la frenaron para proteger “cuando menos a un diputado”.

“Lo hicieron con una actitud corrupta, sabían que al quitar el fuero cuando menos uno de los diputados locales sería sometido a proceso. Llegará el momento, perderá el fuero por razones cronológicas”, dijo.

Información en poder de loseditores.com da cuenta de las carpetas de investigación para una treintena de ex servidores públicos, diputados locales y federales y mandos de la Fiscalía General así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que ya enfrentan procesos, tienen órdenes de aprehensión o son buscados por las autoridades veracruzanas.

Diputados en la mira

Del Castillo González, quien de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR) participó de manera directa en la red de lavado de dinero de Javier Duarte desde su posición en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) será apresado una vez que pierda el fuero.

Manuel Francisco Martínez, el cacique que abandera la causa indígena, tiene orden de aprehensión por delitos de secuestro agravado y tentativa de homicidio. También será aprehendido una vez que se acabe su periodo como legislador, tras su fallido intento de reelegirse.

En el caso de los federales, las autoridades emprenderán acciones contra Alberto Silva Ramos, ex vocero de Javier Duarte de Ochoa, por haber desviado más de 4 mil millones de pesos desde la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS). Silva Ramos ha apoyado desde sus redes sociales al partido Morena, que ofreció amnistía a delincuentes.

Antonio Tarek Abdalá Saad es el otro diputado federal que ya tiene orden de aprehensión y cuya solicitud de desafuero, al igual que Silva, fue frenada por sus compañeros priístas. El extesorero de Duarte de Ochoa deberá rendir cuentas por 23 mil millones de pesos.

Bajo proceso

Prácticamente, el gabinete en pleno de la era duartista incurrió en delitos de malversación de recursos, por acción y omisión. Otros, enfrentan cargos por delitos de lesa humanidad.

Entre los procesados, se encuentran varios personajes del primer círculo de confianza de Duarte de Ochoa, preso al igual que sus ex colaboradores.

María Gina Domínguez Colío está presa desde el 2017. Su llegada al penal de Pacho Viejo obedece a que dio recursos, fuera de la ley, a empresas fachada cuando era la vocera del exmandatario. A “la vice -gobernadora-“se le acusa de malversar más de 100 millones de pesos.

Aunque está libre, Flavino Ríos Alvarado podría volver en cualquier momento a la cárcel, pues su salida obedeció a unas hemorroides y no a un mal del corazón como sus familiares, abogados y el mismo exgobernador interino difundieron. Ríos ha tratado, vía amparos, que la autoridad lo exonere de haber ayudado a escapar a Javier Duarte, facilitándole una avioneta que lo llevó hasta Coatzacoalcos y desde donde logró llegar a Guatemala; sin embargo, aunque logró que la audiencia de vinculación sea repuesta, la FGE cuenta con datos de prueba suficientes y pertinentes para vincularlo de nuevo.

Mauricio Martín Audirac Murillo está preso con tres vinculaciones a proceso, puesto que participó, como titular de Finanzas, en el desvío de más de 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales 2 mil 300 son del Seguro Popular y 220 millones de pesos de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

De una de esas carpetas, el proceso alcanza a Francisco Valencia García, extitular de CAEV, que accedió a darle los fondos federales, afectando con ello al menos una centena de obras hidráulicas que quedaron pendientes o no se realizaron.

Javier Duarte de Ochoa enfrenta en prisión dos procesos del fuero común. Dentro de la causa penal 38/2017, está vinculado por dos delitos: incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias. El primero de ellos, obedece a que luego de pedir licencia al Congreso del Estado como Gobernador Constitucional, incumplió la ley al no realizar las diligencias de entrega-recepción, como era su obligación aun cuando su ausencia se debiera a una licencia.

El segundo delito deriva del uso de un helicóptero al servicio del gobierno del estado, cuando ya no tenía facultades para ello puesto que su carácter de servidor público había fenecido. Dicho viaje, de Xalapa a Coatzacoalcos, le costó poco más de 3 mil 500 dólares a la hacienda estatal.

Por cuanto hace al proceso dentro de la causa 56/2017, está vinculado por peculado por ordenar sacar 220 millones de pesos de la CAEV.

Con orden de aprehensión

Mario Rafael Villegas Rivadeneyra es cómplice de Gina Domínguez en el desfalco a la Coordinación General. La FGE posee una orden de aprehensión concedida por un juez de control por abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias.

Con orden de aprehensión también está Luis Manuel Salgado González, otro de los cómplices de Gina Domínguez; ambos están señalados como quienes llevaron a cabo los pagos a al menos una decena de empresas de papel por órdenes de Colío.

Con un mandamiento de captura se encuentra también Carol Jessica Moreno Torres por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, derivado de un daño patrimonial por un monto aproximado a los 100 millones de pesos, que al término de una auditoría, podría alcanzar los 250 millones de pesos, por lo que la Fiscalía solicitó ante la PGR el establecimiento de una Alerta Migratoria y publicación de Ficha Roja, para efectos de búsqueda, localización y detención con fines de extradición. Moreno Torres fue cuñada de Andrés Manuel López Obrador y fungió como oficial mayor de la SEV desde donde desvió recursos a empresas fachada.

Antonio Gómez Pelegrín, el último secretario de Finanzas de Javier Duarte -antes del relevo de la pieza del gobernador Yunes- es otro de los que tiene una orden de aprehensión. En su tiempo, como en prácticamente todo el duartismo, operó desde la secretaría la llamada “licuadora” de recursos, base de los desvíos en la administración.

Carlos Aguirre Morales, Tesorero de Duarte, está actualmente prófugo de la justicia, pues desde el 2017 existe una orden de aprehensión en su contra, que logró evadir gracias a que le avisaron que estaban camino a su casa elementos ministeriales. Actualmente hay dos investigaciones más en su contra.

Leonel Bustos Solís es prófugo también, pues gracias a la interpretación errónea de un juez federal -cesado por dicho caso- que le concedió un amparo para dejar la prisión preventiva necesaria, logró evadirse de la acción de la justicia. Está acusado de haber malversado 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular, dinero que mandó a cuentas del estado, por órdenes de Duarte.
La esposa de Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla tiene también una orden de aprehensión girada por un juez de Veracruz. La creadora del “Sí merezco abundancia” se encuentra en Londres, lugar al que se fue tras la aprehensión de Duarte. Al igual que la mayoría de los integrantes del gabinete, está acusada de dar, desde su posición en el DIF estatal, contratos a empresas fantasma.

Los de Desaparición Forzada

Mención aparte merecen los mandos vinculados por desaparición forzada de personas en la administración anterior y algunos en esta, como el caso de Córdoba.

De la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encuentran sujetos a proceso penal Arturo Bermúdez Zurita, Roberto González Meza, José Óscar Sánchez Tirado por haber desaparecido sistemáticamente a al menos 15 víctimas, incluidos menores de edad y mujeres, bajo el argumento de presuntamente tener vínculos con la delincuencia organizada.

Adicionalmente, existen órdenes de aprehensión contra otros mandos medios prófugos de la justicia por los mismos hechos. José Nabor Nava Olguín encabeza el listado, seguido de Roberto Carlos López Flores, Manuel Alejandro Trujillo Rivera y José Manuel Martínez Sánchez.

El “policía del año” condecorado por el “capitán Tormenta”, Alfonso Zenteno Pérez, también está preso por el mismo delito, además de abuso sexual contra una menor.

Misael Jiménez Suárez era el director de la policía municipal de Córdoba, hasta que fue apresado junto a siete elementos más, por desaparecer de manera forzada a un joven de aquella región, en hechos ocurridos este año.

En la Fiscalía General del Estado, los duartistas presos son encabezados por Luis Ángel Bravo Contreras, el ex fiscal general; asimismo, también enfrentan un proceso Carlota Zamudio Parroquín, ex delegada de la Policía Ministerial; María del Rosario Zamora González, fiscal de Investigaciones Ministeriales; Gilberto Aguirre Garza, quien fuera Director de Servicios Periciales por ordenar alterar la escena del hallazgo de 19 cuerpos, de los cuales seis fueron presentados de manera oficial como la totalidad de los encontrados en la Barranca de la Aurora; uno fue sembrado en Alto Lucero y 12 restantes, desaparecidos por policías de Arturo Bermúdez.

Por estos hechos, Javier Duarte de Ochoa tiene una orden de aprehensión que de autorizarse por el gobierno de Guatemala, podría ser ejecutada este mismo año. Al respecto, el exgobernador recientemente perdió una suspensión definitiva para frenar la solicitud de ampliación de las condiciones de extradición con aquel gobierno, pues un tribunal incluso determinó que ampararlo sería ir contra el orden público e impedir a la sociedad su derecho a la verdad.

La información recabada, indica que existen decenas de ex servidores públicos bajo investigación actualmente en la FGE.

Agencia Los Editores