Desde siempre, la secretaría de despacho encargada de la obra pública estatal ha estado bajo sospecha por presuntos negocios turbios: cobros de “moches” o “diezmos” a contratistas, presupuestos inflados y asignaciones manipuladas de contratos.  

Ahora, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), creada en 2013 por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para acomodar ahí al ex secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, sigue siendo señalada en la presente administración panista por las mismas corruptelas atribuidas al último régimen del PRI que le antecedió.   

Ahí está, por ejemplo, la denuncia que la ex diputada federal y actual senadora de MORENA, Rocío Nahle García, llevó a mediados de junio pasado hasta el Congreso de la Unión para que se investigara y fincara responsabilidades al ex titular de la SIOP, Julen Rementería –su flamante compañero ahora en el Senado–, o contra quien resultara responsable por otorgar diversos contratos de  obra pública a dos compañías del presidente del CDE del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, quien sospechosamente en este bienio yunista se convirtió en un próspero “empresario constructor”.

En el punto de acuerdo promovido por los legisladores de MORENA se solicitaba también que la Auditoría Superior de la Federación auditara las obras y contratos otorgados por la SIOP a las empresas del dirigente panista, ya que en sólo tres contratos ((INV-112T00000-6000-020-2017, LO-930007995-E86-2017, y INV-SEV-IEEV-FED-012-17) le fueron adjudicadas obras por cerca de 23 millones de pesos de fondos federales.

Postulado por la alianza PAN-PRD-MC como candidato a senador, Julen Rementería renunció a la SIOP a principios de febrero. Fue sustituido por la arquitecta Yolanda Baizabal Silva, pero en esa secretaría parece que nada cambió.  

Y es que este martes, por ejemplo, convocados por el encargado de la Unidad Administrativa, Octavio Giordano Bonilla, a la cuadragésima tercera sesión extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas de la SIOP, los representantes empresariales de la ACEVAC, CANACINTRA, CANACO y AMIC abandonaron sumamente molestos la Sala de Juntas de la Unidad de Licitaciones de dicha dependencia estatal luego de votar en contra de 8 dictámenes presentados por la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas, pues los testigos sociales consideraron viciadas las asignaciones, además de que recriminaron que a sus organizaciones sólo las han usado para aprobar sus chanchullos y que jamás les favorecieron con alguna obra a pesar de la capacidad y experiencia que tienen en el ramo. 

De estos ocho proyectos, cuatro, financiados con recursos fiscales propios del Estado de 2018,  corresponden a la modalidad de Adjudicación Directa por Monto, cuyo techo financiero asciende a 2 millones 600 mil pesos, y el monto adjudicado es de aproximadamente 2 millones 300 mil para la adecuación y elaboración de proyectos ejecutivos, entre los cuales está uno para saneamiento en el municipio de Landero y Coss; otro para rehabilitar el parque municipal de Soledad de Doblado, el terruño del gobernador Miguel Ángel Yunes; uno más sobre estudios técnicos de mecánica de suelos y diseño de pavimento para los proyectos de la Subsecretaría de Obras Públicas, pero sin especificar localidades ni municipios, y otro para la pavimentación de diversas vialidades en Mecayapan. 

Los otros cuatro, por estar fondeados con recursos federales del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que debieron ejercerse en 2017, tuvieron que asignarlos en la modalidad de Licitación Pública Nacional. Las obras son de construcción y reconstrucción de calles con pavimento asfáltico e  hidráulico en los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Paso del Macho y Platón Sánchez. Pero, sospechosamente, las empresas beneficiadas con los contratos coincidieron en sus respectivos presupuestos, con mínimas diferencias a la baja, con los del techo financiero que en total suma 17 millones 200 mil pesos. ¡Qué atinados!