Escándalo que calentó el ambiente político nacional fue la noticia dada a conocer por el Reforma y de la que Carmen Aristegui mostró el contenido completo de la solicitud de Amparo Constitucional solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender cualquier mandamiento, carpeta de investigación, citatorio, orden de detención, de aprehensión o de arraigo, así como solicitudes de información que involucre a funcionarios federales como Enrique Peña Nieto y su gabinete, por el caso que en Chihuahua se le sigue al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Lo anterior derivado de aquel conflicto de competencias surgido por el presunto desvío de 250 millones de pesos federales a empresas fantasma que presuntamente fueron a parar a campañas políticas del PRI cuando el exsenador Manlio Fabio Beltrones era líder nacional de ese partido y César Duarte era gobernador de Chihuahua.

Además, se informa que Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Jurídico de la Presidencia presentó una controversia Constitucional ante la Corte para solicitar también la protección de la justicia federal en contra de cualquier intervención directa o indirecta, pública o privada de Javier Corral, gobernador de Chihuahua en las indagatorias de la Operación Zafiro.

Por lo que se ve, Javier Corral ni perdona ni olvida.