Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Video vigilancia, anunciado por el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017.

De igual manera se pide al Orfis remitir a esta Soberanía un informe detallado al respecto, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello.

Este Acuerdo es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 27 de noviembre el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez.

El documento refiere la coincidencia de la Jucopo con el autor de la propuesta al señalar que la empresa proveedora del sistema de video vigilancia cuenta  con un expediente de inhabilitación abierto por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013, lo que abona aun más a la desconfianza que desde el principio generó el anuncio de este programa.

-Ayuntamientos deben dar facilidades a familias en relación a terrenos-

En la sesión, octava del primero primer periodo ordinario, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhortan a los Ayuntamientos de la entidad, que cuenten con el decreto de creación del Fundo Legal de su municipio, a que promuevan y otorguen facilidades a las familias veracruzanas, con la finalidad de que regularicen y escrituren sus predios o terrenos donde tienen construidas sus casas habitación y que son considerados como patrimonio familiar.

De igual forma se establece que el Departamento de Fundo Legal, dependiente de la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, otorgará todas las facilidades y la asesoría legal adecuada, con la finalidad de realizar esta encomienda en favor de todas las familias veracruzanas.

Este Acuerdo es resultado del anteproyecto presentado el pasado 6 de diciembre por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio.