El titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, se ufana en entrevistas que no ha buscado quedar bien con uno ni con otro (gobernadores), sino con la sociedad y con el Congreso al hacer lo que por ley está obligado.

¿Entonces por qué se quedó callado cuando los diputados al mando Juan Manuel Unanue Abascal, revirtieron los resultados del informe oficial del ORFIS de la Cuenta Pública 2017? 

¿Cómo permitió que Unanue solventara observaciones a obras que no se hicieron y se pagaron en los municipios de Pueblo Viejo y Santiago Sochiapan y por las que sus respectivos alcaldes han llevado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia en calidad de Controversias Constitucionales según los expedientes 227/2019 y 228/2019 respectivametne interpuestos por los representantes legales de cada municipio?

Lorenzo Antonio tuvo conocimiento que Unanue solventó cientos de observaciones sin documentación legal y ni las manos metió. Ni una palabra dijo; lo permitió; lo avaló tácitamente. 

Es más, tan fue ilegal lo que hizo Unanue que cuando diputados de la actual Comisión de Vigilancia del Congreso y los alcaldes de Pueblo Viejo y Santiago Sochiapan le solicitaron ver la documentación y las pruebas que le dieron de que las obras SÍ fueron realizadas, dijo que estaban en 30 cajas y que ‘por ahí las tenía’… documentos que Unanue debió dejar en los archivos de la Comisión de Vigilancia o al menos entregarlos al ORFIS, pero él los ‘dejó por ahí’. Extraoficialmente se sabe que no existen. 

¿Qué hará Lorenzo Antonio cuando la Suprema Corte les dé la razón a los alcaldes? ¿Qué hará cuando el Congreso decida que se revise si las observaciones fueron legalmente solventadas por el diputado Unanue y sus cómplices? 

Todo es cuestión de esperar.