Sin que mejoren las capacidades de infraestructura y recursos humanos, el IMSS se echa encima más cargas que se duda pueda atender y responder con los actos de justicia social que pregona. 

¿Obligarán a las trabajadoras domésticas a pagar un servicio tan caro y tan deficiente? ¿Esa es la justicia social? ¿El Gobierno pagará dos partes del costo y el Patrón solo una? ¿En qué paró el experimento social del Seguro Popular? 

No se cuestiona la incorporación de este sector de la población, se cuestiona la capacidad que ha demostrado el IMSS, el ISSSTE y en general los servicios que presta el gobierno. 

El director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, presentó un Programa Piloto para la incorporación a personas trabajadoras del hogar que fue aprobado de manera unánime por los representes patronales, obreros y de gobierno. 

La primera en destacar esta medida fue la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien dijo que con esta medida se dan pasos firmes para reconocer a las y los trabajadores del hogar, grupo que ha sido vulnerable durante muchos años.

Según Germán Martínez, las trabajadoras del hogar tendrán acceso a todos los rubros que brinda el IMSS como servicio médico, incapacidades, pensiones y prestaciones sociales. 

El titular del IMSS afirmó que con esta decisión se acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibida formalmente el día de ayer, con el objetivo de asegurar en el régimen obligatorio a las y los trabajadores del hogar, a fin de garantizarles el acceso a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y  velatorios.

Si bien lo anterior es un acto de justicia también lo sería que la SCJN obligara al IMSS a mejorar sus servicios puesto que lamentablemente deja mucho que desear y resulta carísimo para los derechohabientes. Aumentan y aumentan el número afiliados que se ven obligados a ser atendidos con la misma y mermada capacidad de infraestructura y servicios médicos.