El Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el que pretende potenciar el turismo y la economía en el sureste mexicano, es también una obra que viene a exponer la ilegalidad y las deudas del gobierno con miles de familias a las que, desde hace por lo menos 50 años, se les debe el pago por el uso de sus tierras. 

De acuerdo a la información disponible del proyecto, las vías de este tren modernista correrán a través de 1.525 kilómetros sobre la península de México, lo que incluye 446 kilómetros del tramo Caribe, ubicado entre Quintana Roo y Tabasco. En este último se encuentra la carretera 307, cuya construcción pasó por encima de la decisión de ejidatarios a quienes desde hace 50 años la federación debe el proceso formal de expropiación y, en consecuencia, la indemnización correspondiente.

Propietarios de un total de 11 ejidos afectados, entre éstos Bacalar, Chunyaxche, Chetumal, Cancún, Chacchoben, Carrillo Puerto, Xmaben, población en su mayoría indígena maya, están preocupados porque, al igual que la carretera, el proyecto del Tren Maya se ha planeado sin su consentimiento. Apenas a finales de noviembre pasado tuvieron un primer acercamiento con funcionarios federales que explicaron de manera resumida, en qué consistiría el Tren Maya, sin detallarles un plan incluyente y muchos atender sus demandas.

Les preocupa, que, como ocurrió hace 50 años cuando comenzó la construcción de la carretera 307, en el período del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el Tren Maya no cumpla con las reglas de expropiación e indemnización de los terrenos.

El gobierno federal tendría que expropiar 253 kilómetros que corresponden a estos ejidos, según la Ley Agraria (1936), la cual determina las condiciones para la ocupación de territorios para el aprovechamiento de infraestructura; sin embargo, pese a que es la tercera intervención en esa área—primero la construcción de la carretera 307, luego su ampliación entre 1999 y 2008 y ahora el Tren Maya—, en el Registro Agrario Nacional no existen expedientes que constaten, de nueva cuenta, la expropiación.

Los Tribunales Agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios y, en todos estos casos han exigido al gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.

La dependencia encargada de solventar el adeudo histórico con los ejidatarios es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con quien mantienen el lío legal al que han invertido tiempo y dinero. El resultado de estas demandas interpuestas por los ejidos del sur de Quintana Roo, obliga a la federación a pagarle a los ejidatarios, pero a la fecha no se han cumplido las sentencias.

Si deseas consultar la investigación completa puedes dar clic aquí. 

(Por 

Isabel Mateos y Lucía Vergara)