Antes de las elecciones del pasado 1 de julio casi la totalidad de los 2 mil trabajadores de intendencia y obreros que laboraban en la construcción del NAIM, dijeron que votarían por Andrés Manuel López Obrador para presidente de la República. 

AMLO canceló la obra y esos trabajadores (sin contar ingenieros, arquitectos, transportistas y empleados administrativos) perdieron su chamba. 

Horas después de terciarse la banda presidencial AMLO refrendó su compromiso con las estancias infantiles y con las mamás de esos infantes; pero a las tres semanas les retiró más de la mitad del subsidio, con lo que quedaron al garete 350 mil menores en el país y sus papás también. 

El gobierno federal cortó todo el apoyo a refugios para miles de infantes y mujeres víctimas de violencia extrema con lo que prácticamente los deja a merced de sus golpeadores y violadores.  

Al presidente le indigestan las instituciones autónomas y más si le corrigen la plana. Alguien que le diga que lo que hace no es correcto o sugiera que se equivocó, no lo tolera Andrés Manuel. 

Ya se le fue encima al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, porque tuvo la osadía de manifestar su desacuerdo con la terna de incapaces elegidos como comisionados de la CRE. Tanto el funcionario como su familia recibieron el embate de un hombre que tiene todo el poder y que no descansará hasta chisparlo de la Comisión. 

Y aguas… no tarda en pasar lo mismo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

No es que estos institutos vayan a desaparecer del todo, lo que desea AMLO es poner a su gente (con lo que dejarían de ser autónomos), y correr a la mitad del personal, con lo que se ahorraría una feria y los dejaría en calidad de entes decorativos.

Decenas de trabajadores del SAT (de base, a punto de jubilarse y de confianza) han sido despedidos ignominiosamente sin recibir ni un clavo de liquidación. 

Indígenas de la península de Yucatán y de Chiapas se oponen a la construcción del tren Maya porque dará al traste con el entorno ecológico, pero no les han hecho caso. El tren Maya va.  

Indígenas de Puebla, Tlaxcala y Morelos, se opusieron por años a la construcción de una termoeléctrica en Huexca porque los dejará sin agua. La termo ya está lista pero los comuneros se oponen a que la echen a andar. El activista Samir Flores fue asesinado a balazos tres días después de que AMLO acusó de reaccionarios a los opositores y dijo que haría una consulta. La consulta se realizó en medio de quema de casillas y boletas. A pesar de la oposición de varios pueblos “ganaron” los que quieren la termo.  

En Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, Morena arrasó en las votaciones porque les prometieron seguridad, pero de diciembre a enero la violencia se ha disparado en más del 50 por ciento. 

¿Cuántos extrabajadores del NAIM; cuántas madres y padres cuyos hijos se quedaron sin estancias infantiles; cuántas mujeres golpeadas, cuántos empleados de instituciones autónomas que pueden quedarse sin trabajo; cuántos extrabajadores del SAT; cuántos indígenas ignorados; cuántos de los cientos de miles que votaron por la paz y la tranquilidad y que fueron parte sustantiva de los 30 millones de sufragios que llevaron a Morena a arrasar con sus oponentes, votarán por los candidatos de ese partido en las elecciones del 2021? 

Son preguntas para las que de momento no hay respuestas… pero se vislumbran.

Cada día que pasa el gobierno de AMLO crea más enconos y resentimientos entre el “pueblo bueno y sabio que no se equivoca”. 

Pero debería tener presente que ese pueblo le pasó la factura al PRI, un gigante cargado de soberbia y sordo a los reclamos, que era muy poderoso y parecía inamovible.

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