Desde el domingo pasado, ejidatarios de Tatahuicapan cerraron las válvulas de la presa Yuribia, cuyo acueducto –abastecido por los ríos Ocotal y Tezizapa, provenientes de los cerros de San Martín y Santa Martha– provee de agua a más de medio millón de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y algunas comunidades del municipio de Cosoleacaque.

En un estudio realizado por la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua para suministrar de agua potable a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán se advertía precisamente que “este acueducto tiene muchos problemas sociopolíticos ya que la fuente de abastecimiento se encuentra en otro municipio, esto conlleva a que ejidatarios de este poblado atente contra el mismo, tomando acciones de cerrar válvulas y destruir infraestructura.”

La primera crisis de desabasto de agua en esa zona del sur del estado se presentó hace más de cuatro años, en la administración del gobernador Javier Duarte, cuya familia política, la de su esposa Karime Macías, residía en Coatzacoalcos. Los ejidatarios cerraron las válvulas durante varios días, y las liberaron hasta que el 28 de diciembre de 2014 firmaron un convenio con los secretarios duartistas Erick Lagos Hernández, de Gobierno; Mauricio Audirac Murillo, de Finanzas y Planeación; el entonces procurador general de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, e incluso con la diputada Anilú Ingram Vallines, como testigo, por ser la presidenta del Congreso local.

En esa negociación, aparte de obras materiales para su comunidad, los ejidatarios de Tatahuicapan comenzaron a recibir dinero en efectivo.

En diciembre de 2016 volvieron a ejercer la misma presión poniendo a prueba al nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pero el mandatario panista les advirtió que no iba a ceder a esa forma de extorsión, pues reveló que en los últimos dos años uno de los dirigentes del ejido había recibido del gobierno de Duarte de Ochoa alrededor de 60 millones de pesos, mediante entregas de 2 y medio millones de pesos cada mes.

Funcionarios enviados por Yunes sostuvieron diversas reuniones con los representantes del grupo de presión que venía recibiendo dinero en efectivo, dejándoles en claro que no les aportarían más recursos de esa manera, sino que implementarían en su comunidad, como en las demás regiones marginadas de Veracruz, programas de desarrollo social, de empleo temporal, de vivienda, de mejoramiento de los servicios de salud, de rehabilitación de la infraestructura educativa y de caminos, incluso de apoyo alimentario a los que lo requirieran.

“Eso sí puede y debe hacer el Gobierno del Estado de Veracruz. Lo que no podemos, ni debemos hacer, es desviar recursos en beneficio de un grupo que hace uso del chantaje como arma”, declaró en su momento Yunes Linares.

Ahora parecen estar probando al gobernador Cuitláhuac García, cuyo secretario de Gobierno, Erick Cisneros, y él ya tuvieron una amarga experiencia a principios de enero de este año en esa región, cuando una turba los obligó públicamente a cancelar el proyecto de relleno sanitario que pretendían instalar en Chinameca para sustituir el tiradero a cielo abierto de Las Matas, en Minatitlán.