Gran preocupación existe en Torre de Rectoría de la Universidad Veracruzana por el rápido crecimiento de sus adeudos millonarios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Según la rectora Sara Ladrón de Guevara de los 900 millones que se quedaron a deber en el gobierno de Javier Duarte, Yunes Linares solo abonó 500, por lo que se han generado altas multas, recargos e intereses que sangran las finanzas y el prestigio de la Universidad y del Gobierno.

Se sabe que el SAT se ha acercado a la UV y al titular de SEFIPLAN, José Lima Franco, por lo que estos al parecer han optado por el camino político para ganar tiempo y pagar a mayor plazo, pues eso es lo único que ofrece el SAT a cualquier deudor, se trate de entes públicos o particulares. 

Sin embargo, hay otras y mejores alternativas. Existen despachos especializados en negociaciones mucho más rentables que podrían solucionar el problema de raíz y con mucho menor sangría para las finanzas. 

Esos despachos especializados resuelven este tipo de problemas con honorarios que se cubren hasta que se logren y de acuerdo con los beneficios. 

Por lo regular aparte del camino político, los deudores del SAT optan por encargar estos asuntos a su personal ‘especializado’ que a resumidas cuentas resultan no tan eficientes y pierden tiempo, dinero y esfuerzo. 

En estos casos cada uno mata las pulgas como prefiere, el problema es que al parecer no les interesa el beneficio real de las finanzas sino ir pateando el bote. 

Es de esperarse que José Luis Lima Franco, que le sabe a este tema, busque estos caminos para resolver de una vez por todas el pesado lastre de pasivos que se vienen arrastrando y acumulando desde hace ya varios años.  

El asunto es tan grave, que incluso según declaraciones del Comisionado del IPAX, Héctor Manuel Riveros Hernández, este instituto arrastra un adeudo por concepto de IVA de 300 millones de pesos, mientras que la UV trae otro adeudo por no enterar ISR por casi 3 mil millones de pesos y el propio Gobierno del Estado otro por este mismo concepto de casi 17 mil millones de pesos. 

O sea, la labor será titánica y no se trata de jugar a ciegas con el alto riesgo de seguir pateando el bote y dejando crecer el problema.