La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a que realice una revisión de la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres, de los 212 municipios de la entidad, en cuanto a la infraestructura y bienes materiales, presupuesto asignado, personal que labora en ellos, así como grado de colaboración con el ayuntamiento.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que si bien a través de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Vigilancia se han puesto en marcha acciones para fortalecer a los Institutos Municipales de las Mujeres, es oportuno que desde el ORFIS se lleve a cabo esta acción, lo que hará posible determinar las medidas pertinentes para mejorar su funcionamiento y gestión, abonando al cumplimiento de los objetivos del rubro de igualdad de género y de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, de la Agenda 2030.

Afirmó, que los municipios también tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, además del principio de igualdad entre mujeres y hombres, contribuyendo con su trabajo y políticas locales, a superar las desigualdades entre los sexos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Aseguró que la creación de los Institutos Municipales de las Mujeres en 2008, ha logrado articular las políticas públicas para la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres en los municipios, además de haber establecido obligaciones a las autoridades locales a través de la Ley Orgánica del Municipio Libre que da cumplimiento a los compromisos de las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, destacó la preocupación del Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por los recursos humanos, técnicos y financieros asignados a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en todos los órdenes de gobierno; la falta de una coordinación sistemática e institucionalizada, en los planos federal, estatal y municipal; así como por la ausencia de los mismos para el seguimiento y  evaluación general de los efectos de la incorporación de la perspectiva de género, en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, la legisladora enfatizó que el ejercicio pleno de los derechos humanos será posible a través de las políticas, programas, medidas y acciones concretas, “no basta con que los derechos estén contenidos en el marco jurídico, por lo que es necesario remover los obstáculos que impiden el ejercicio de estos, además de la provisión de aquellos recursos materiales, humanos, presupuestarios, que permitan su implementación”.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.