La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (fiscalía anticorrupción) está dispuesta a aceptar la coadyuvancia del gobierno del Estado en todas las denuncias que se han presentado o que se presentarán en el futuro en contra de exfuncionarios de administraciones pasadas.

El viernes pasado, por instrucciones de su titular Marcos Even Torres Zamudio, se me hizo llegar un texto en el que se señala lo anterior, luego de que comenté la difícil relación que existe entre el fiscal general del Estado, Jorge Wickler Ortiz, y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

En “Prosa aprisa” de ese día (“Una relación difícil”) comenté que Winckler está en una encrucijada ya que tiene que investigar y, de ser necesario, proceder en contra de excompañeros suyos en el gobierno anterior que fueron denunciados por la nueva administración por presuntos delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial.

El fiscal Winckler solo tiene de dos: o la bebe o la derrama, o actúa contra sus compañeros yunistas o viéndose presionado opta por pedir licencia y mejor se separa del cargo. Si escoge el primer camino, es posible que termine en el cargo en los seis años y ocho meses que le restan, comenté.

En el texto de la fiscalía anticorrupción en donde se me dice que está dispuesta a aceptar la coadyuvancia del gobierno cuitlahuista, se me expresa que: “Ello con la finalidad de que no exista duda de la imparcialidad de la FA en todos estos casos. La investigación se llevará de la mano y de manera conjunta con el denunciante (la Victima) que es el gobierno del estado de Veracruz”. 

“El Gobierno del estado de Veracruz, a través de esta coadyuvancia, podrá proponer todos los actos de investigación (diligencias ) que consideren necesarias”, se especifica también, agregándose: “La FA reitera que la procuración de justicia en Veracruz se aplica sin ningún tipo de distingo social, económico o político”.

En el gobierno que encabezó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se presentaron varias denuncias tanto contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa así como contra varios de sus colaboradores, y apenas a inicio de mes el gobierno de Cuitláhuac García denunció, a su vez, a exfuncionarios yunistas de la Sedesol, la SEV y Espacios Educativos.

Se ha adelantado ya que están por presentarse otras denuncias contra el gobierno yunista, por el programa del reparto de despensas, por el Sistema Estatal de Videovigilancia, por la asignación de contratos en forma directa en la Secretaría de Finanzas y en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, entre otras.

Marcos Even Torres Zamudio fue nombrado para el cargo hace ocho meses, el 24 de julio de 2018, en un cuarto intento, gracias a la alianza de las diputaciones locales del PAN y del PRD pero teniendo en contra la oposición de los diputados de Morena que acusaron que la designación era “a modo” del gobernador Yunes.

Ahora, mientras que el fiscal Winckler Ortiz ofrece trabajar “de la mano” con el gobierno de Cuitláhuac García y de “nuestro señor presidente” Andrés Manuel López Obrador, el otro fiscal, Torres Zamudio, no quiere que exista duda de la imparcialidad del organismo a su cargo y también ofrece trabajar con el gobierno cuitlahuista e investigar a exfuncionarios yunistas.