Este lunes 29, a las 12:00 horas, se definirá la situación jurídica de Leticia Perlasca Núñez, ex secretaria duartista de Turismo, quien el miércoles pasado se presentó a la audiencia de imputación ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, de Pacho Viejo, a cargo de Luis Roberto Juárez López, a responder por los cargos que se le atribuyen en el Proceso Penal 52/2019 por los presuntos delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un Deber Legal por haber celebrado de forma indebida un contrato de prestación de servicios el 12 de junio de 2012, como titular de la SECTUR, con la empresa Centro de Recursos de Negocios, CERENE S.A. de C.V., por la cantidad de 24 millones 421 mil 470 pesos. 

Perlasca es representada legalmente por el prestigioso despacho jurídico Martínez y Asociados, de los abogados Juan Martínez Sánchez, José Martín Rivera Martínez y José Antonio Alemán Hidalgo. 

Lo que ha llamado la atención de este caso, en el que de nueve implicados más sólo están denunciados penalmente tres ex funcionarios  –entre ellos la ex diputada local del PVEM, Dalia Edith Pérez Castañeda, ex Directora General de Promoción Turística, contra la que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado también orden de aprehensión–, es que a diferencia de otros procesos contra ex duartistas no ha sido requerida esta empresa que la Secretaría de Hacienda detectó como “fantasma” y en la que aparecen formalmente como socios los hermanos César y Jorge Alberto Álvarez Alegría.

Según la denuncia presentada desde octubre del año antepasado por el secretario yunista de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, la cual dio inicio a la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/CI/292/2017, Perlasca Núñez y coacusados contrataron indebidamente con recursos públicos en la modalidad de Adjudicación Directa, sin la aprobación del Subcomité de Adquisiciones y sin realizarse el pedido de servicio, a lo que sumó además que no se encontró evidencia física y material de la realización del servicio que prestó CERENE, SA. de C.V., tal como fue advertido por la Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la SECTUR,  Maricela López Domínguez, y por David de Jesús Ávila Cob, encargado del Órgano Interno de Control.

Por ello, desde el momento de la solicitud de la medida cautelar, la FGE a cargo de Jorge Winckler pidió prisión preventiva para Leticia Perlasca así como garantizar los más de 24 millones de pesos del presumible daño patrimonial en agravio del Gobierno del Estado; sin embargo, debido a los datos de prueba ofrecidos por la defensa, el Juez determinó imponer la medida cautelar de presentación periódica una vez cada quince días y le fijó la garantía económica de  20 mil pesos, solicitando la duplicidad del término constitucional, por lo que este lunes 29, al mediodía, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la que se resolverá la situación jurídica de la ex secretaria duartista: determinar el plazo en la que será investigada y si cambia su medida cautelar por prisión preventiva.

Cabe recordar que no es la primera vez que Perlasca Núñez es implicada en actos de corrupción, pues en su paso como Directora del COBAEV, en el sexenio del ex  gobernador Fidel Herrera Beltrán, fue señalada también de haberle asignado contratos millonarios a las empresas Kinemanía y La Fábrica TV, propiedad de una pareja sentimental con la que mantiene una relación desde hace 20 años.

En este caso, además de Perlasca y de la ex diputada xalapeña Dalia Pérez Castañeda, también han sido denunciados penalmente Jorge Alfredo Artigas Jiménez y Claudia Elena Alvarado Martínez, quienes al inicio del sexenio duartista fungieron como titular de la Unidad Administrativa y jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, respectivamente, de la entonces Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía.

Entre otros implicados, contra los cuales la Fiscalía no ha solicitado órdenes de aprehensión, figuran Harry Manuel Grappa Guzmán, quien primero se desempeñó como  subsecretario y luego, en septiembre de 2012, sustituyó a Perlasca en la titularidad de esta Secretaría, y Ramón Antonio Ramos Reyes, ex jefe de la Unidad Administrativa, quien en la actual administración estatal funge como asesor del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Según trascendió, una beneficiaria indirecta de este irregular contrato habría sido la actriz veracruzana Ana de la Reguera, quien supuestamente fue contratada para estos promocionales turísticos cuando mantenía un tórrido romance con el ex secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González.