Todavía esta semana, el gobernador Cuitláhuac García ha buscado espantar con el petate del muerto al fiscal Jorge Winckler Ortíz, incondicional del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con que el Congreso local debe revisar su actuación y decidir su sustitución por su omisión en varios temas de investigación importantes. Lo dijo mientras lo denunciaba en un noticiero capitalino de haber encubierto a los autores intelectuales del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, a su esposo y su chofer.

“Es gravísimo, lo digo con toda responsabilidad, el Fiscal sabe quiénes amenazaron a la alcaldesa, sabe quiénes son y los está encubriendo”, dijo en el noticiero transmitido desde la Ciudad de México, y recordó que la alcaldesa denunció desde diciembre de 2017 amenazas en su contra de la pasada administración y la Fiscalía no actuó, sea por ineptitud, omisión o complicidad, por lo que exigió resultados inmediatos.

¿Qué respondió el abogado oaxaqueño que ha sido el dolor de cabeza del actual gobierno? Invitar al Gobernador del Estado a que acuda a declarar respecto a ese triple homicidio para ayudar con las investigaciones. Por desgracia, detrás de Winckler está el experto en crear y resolver conflictos políticos, Yunes Linares, mientras que detrás de Cuitláhuac no está nadie en la comarca (quienes más bien parecen interesados en empinarlo) y, menos, en el gobierno federal, aunque el Presidente venga cada vez más a menudo a levantarle la mano y a tratar de convencernos de que es lo mejor que pudo haberle pasado a los veracruzanos.

Cuitláhuac le abrió la puerta a Winckler, quien de ping pong le respondió: “se me hace una declaración bastante grave; si el gobernador sabe quiénes fueron los autores, pues que venga y lo declare, si tiene algún dato que nos ayude a esclarecer los delitos que venga y presente datos de prueba, nos ayudaría mucho más que viniera y aportara a que sólo declarara”.

Hasta el momento, dijo, ninguna autoridad ministerial lo ha llamado a cuentas por alguna denuncia penal en su contra. Pese a llevar cinco meses con acusaciones en su contra por corrupción, omisión de un deber legal, desaparición forzada y delincuencia organizada, entre otros delitos, no ha habido acción alguna para procesarlo, más allá del fallido juicio político en el Congreso que mostró más bien la debilidad del gobierno morenista.  

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