La reacción ha sido virulenta, sólo comparable al miedo que los domina.

En los días previos, el Presidente del Poder Judicial en Veracruz, Edel Álvarez Peña, fue captado dialogando en un lugar público con el secretario de Gobierno Éric Cisneros, quien encabeza las acciones contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y contra su “embajador” en la Fiscalía, Jorge Winckler.

Abordado por los reporteros, el magistrado Presidente se sumó a las críticas contra la Fiscalía General del Estado porque –dijo- “hemos tenido reportes de algunas solicitudes de órdenes de aprehensión que no han sido recogidas o no ha pasado por ellas, el órgano fiscalizador que las solicita, se ha dado en diferentes juzgados. No sabemos si es descuido o alguna otra razón”.

Muchos no lo creyeron. Lo llegaron a considerar “un montaje” o una estrategia para infiltrar al titular del Tribunal Superior de Justicia en el equipo de Cuitláhuac García.

“¡Cómo crees! Edel y Yunes son aliados, son cómplices. Fue Miguel Ángel (Yunes Linares) quien impulsó a Edel a la Presidencia del Tribunal. Seguro se trata de un montaje”, expresaban, incrédulos, algunos analistas.

De pronto revivieron viejos agravios, se desempolvaron añejos expedientes. Lo que antes (apenas el año pasado) no era digno de ser tomado en cuenta, hoy adquirió dimensiones “alarmantes”.

El deslinde del magistrado fue uno de los dos duros golpes que recibió la semana pasada la campaña de victimización orquestada por Jorge Winckler.

El otro revés fue la Recomendación 25/2019, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y dirigida tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), como a la Secretaría de Seguridad Pública, por la presunta comisión del delito de tortura, en el que habrían participado servidores públicos de la Fiscalía y que se habría realizado en el interior del penal de Pacho Viejo, bajo la responsabilidad de la SSP.

A raíz de este señalamiento, la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, pasó de ser la “aliada” del yunismo y “amiga personal” del fiscal, a “protectora de los intereses del duartismo”.

Esta recomendación dio pie para que la víctima de ese acto de tortura, Gilberto Aguirre Garza, presentara una denuncia penal en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, contra el aún fiscal Jorge Winckler, contra quien fuera fiscal especializado en desaparición de personas, Eduardo Coronel, y contra el actual fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres.

La remoción de Jorge Winckler (y, en automático, su captura, para que rinda cuentas ante el Poder Judicial de la Federación) es inminente, y con su salida caerán, como barajas en un castillo de naipes, las órdenes de aprehensión contra las más altas autoridades del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

Justo los temas que le sirvieron para engañar a los veracruzanos y conseguir sus votos en el 2016 (corrupción e inseguridad) son los que llevarán al exgobernador a la cárcel, a las mismas celdas en las que aún duermen algunos funcionarios del sexenio de Javier Duarte.

Los granos de arena caen sin cesar. 

El tiempo se acorta. 

Muy pronto se hará justicia.

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