El próximo 26 de septiembre concluirá el periodo de siete años para el que fue nombrado Lorenzo Portilla Vásquez como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).

Por esa razón, desde hace unas semanas el titular de este organismo se lanzó a una inusual campaña para buscar apoyo entre los sectores involucrados en el tema de la fiscalización, de manera que pudiesen influir en la decisión que a final de cuentas corresponderá tomar a los diputados locales de la LXV Legislatura del Estado: ratificarlo o nombrar a un nuevo auditor general.

Ello dependerá, en primer lugar, de la interpretación que se le busque dar a la normatividad, ya que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz vigente establece en su artículo 88 que “el auditor general será nombrado por un período de siete años, no podrá ser reelegido y solo se le podrá remover por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento”.

Sin embargo, cuando Portilla Vásquez fue designado, en septiembre de 2012, la ley vigente en ese entonces sí permitía la posibilidad de la reelección o ratificación, lo que es utilizado por el auditor como un argumento para justificar la presunta viabilidad jurídica de su permanencia al frente del órgano fiscalizador.

Lo que parece no cuadrarle muy bien es la viabilidad política. Desde mayo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, manifestó su oposición a que Portilla permanezca en el cargo: “para mí no sería lo correcto, no es saludable. Tiene que llegar otra gente. (…) Yo no digo que esté haciendo un mal trabajo, pero ya le toca a otra persona ver cómo se está trabajando en Veracruz respecto a los sistemas de auditorías”, declaró hace unos meses.

Asimismo, los presidentes de los Colegios de Contadores Públicos de Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz solicitaron al Congreso emitir ya la convocatoria para la renovación del Orfis, lo que fue interpretado como falta de respaldo a las pretensiones reeleccionistas de Portilla Vásquez.

Justo a partir de ese momento, el auditor general comenzó a tener una intensa actividad pública y mediática, que alcanzó su punto álgido con las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República en contra de la administración que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, por presuntas irregularidades en la contratación e instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia y en la Cuenta Pública consolidada del ejercicio fiscal de 2017. Denuncias que, como ya se analizó en una entrega anterior de la Rúbrica, no tendrían el sustento necesario para que se proceda.

Empero, la maniobra fue vista como un franco coqueteo del auditor general del Orfis con el gobierno estatal y los diputados de Morena, buscando con ello quedar bien con el actual régimen. Aunque Gómez Cazarín no pareció conmoverse: “nadie debe estar más de 14 años en un cargo de dirección. Y el que él está haciendo bien las cosas no me va a obligar a votar por él. No está haciendo méritos, es su trabajo y lo tiene que hacer”, sentenció el diputado de Morena.

Lo cierto es que a mes y medio de que concluya el periodo de Lorenzo Portilla, el Congreso local sigue sin emitir la convocatoria para recibir las solicitudes para ocupar el cargo de auditor general del Orfis, tal como se establece en el artículo 89 de la misma Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, lo que mantiene la incertidumbre sobre qué es lo que pasará con el organismo encargado de revisar el manejo de los recursos de todos los entes que integran la administración pública del estado.

Organismo que, valga decirlo, en sus casi 20 años de existencia nunca ha procedido contra ningún “pez gordo” y, por el contrario, le aprobó todas las cuentas públicas a gobiernos como el de Javier Duarte de Ochoa, mientras éste y su pandilla saqueaban la entidad.

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