Los organismos autónomos mantienen sueldos que superan al del Presidente de la República y violan el artículo 127 Constitucional, y estos continuarán el próximo año si la Cámara de Diputados no los ajusta al Plan de Austeridad, alertó Daniel Márquez Gómez.

El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló a Notimex que los funcionarios no pueden apropiarse de los puestos públicos, pues estos no les pertenecen, en relación con la demanda de mantener salarios mayores a los 108 mil pesos que devenga mensualmente Andrés Manuel López Obrador.

El Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos entró en vigor el 6 de diciembre de 2018, bajo la premisa de que ningún servidor público gane más que el presidente.

La legislación fue aprobada el 14 de septiembre del año pasado en la Cámara de Diputados con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención.

Al respecto, La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) no pudo declarar la inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque faltaron dos votos para este propósito.

“Los puestos públicos en ningún caso pertenecen a los servidores públicos, no pueden decir ‘ya llegué y estoy en el cargo, y mi sueldo no se puede reducir porque tengo derecho a él’”, explicó Márquez Gómez, en relación a la oposición de la SCJN.

Para el académico “no es inadecuado que el gobierno desee uniformar los valores que cree convenientes para la República, y que exista la sensibilidad de los actores, diputados, Suprema Corte de Justicia, de arropar esta nueva decisión política”.

El autor del libro "Función jurídica de control de la administración pública" consideró que para la discusión del presupuesto del año entrante debe definirse el tope salarial, de lo contrario, en el 2020 seguirán litigando ante la SCJN quienes se sientan afectados por el recorte.

“La práctica desde el siglo XIX es reducir sueldos cuando el presupuesto es escaso”, explicó Márquez Gómez.

Añadió que los diputados a través de sus instancias técnicas deben elaborar un marco de referencia que ayude a que se aplique la Ley de Austeridad Republicana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), interpuso un recurso ante el Poder Judicial para evitar el recorte de salarios, que ha derivado en decisiones de la SCJN de obligar a respetar los tabuladores vigentes en el 2018 para todos los organismos autónomos y comisiones reguladoras.

El académico consideró se tendría que analizar qué movió al titular de la CNDH promover la suspensión de la ley.

“Hay que cuidar que las instituciones no se utilicen para generar beneficios personales y que haya un uso faccioso de éstas”, dijo.

Entre los organismos autónomos que lograron la suspensión de la aplicación de la legislación mediante controversias ante la SCJN, están el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).

En estos litigios, incluso la SCJN autorizó a la Cofece mantener sus percepciones, un 40 por ciento por encima de lo que gana el presidente, aún cuando no pidió la suspensión del recorte salarial.

Esta misma medida es para la CNDH, que ha sido promovente de la discusión por la defensa de los salarios que rebasan al presidencial.

“Hay que recordar -añadió el investigador de la UNAM-, que la reforma al artículo 127 surgió en el 2009, a raíz de las críticas de que en México se tiene un gobierno rico con un pueblo pobre”.

Ese rubro nunca se había aplicado, es con la administración de López Obrador y bajo el discurso de la austeridad republicana que se rescata y el presidente decide reducir su sueldo para obligar a una reestructura salarial en todo el aparato gubernamental y autónomo.

Otra institución que ha sido objeto de polémica en los últimos días es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ente descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Bienestar), por las percepciones salariales del responsable del mismo.

Hasta el lunes 22 de julio de 2019, Gonzalo Hernández Licona fungió como secretario Ejecutivo del Coneval. El ex funcionario criticó, en un escrito publicado en medios, las medidas de austeridad ordenadas desde la Presidencia de la República que implicaban el recorte de plazas.

López Obrador, en una gira por Veracruz, afirmó que el extitular de este organismo autónomo percibía 220 mil pesos mensuales. Hernández Licona aludió al portal de transparencia para decir que su sueldo neto en el 2019 era de poco más de 91 mil pesos, pero hasta la administración de Enrique Peña Nieto devengaba 224 mil pesos mensuales.

Hernández Licona asumió el cargo desde su creación en el 2005, y en 10 años el presupuesto pasó de 116 millones a casi 479 millones anuales, de los cuales más de dos millones y medio eran para los sueldos mensuales del personal, según el portal Dossier Político.

El Coneval hasta 2018 tenía 206 trabajadores, de los cuales 144 eran eventuales. De acuerdo con el decreto el titular podía permanecer cinco años en el puesto, con opción de reelección una sola vez, lapso que ya había rebasado en el caso de Hernández Licona.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que la SCJN tiene razón al aceptar los recursos de inconstitucionalidad, “ni modo que regresemos la ley”, apuntó.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada federal priista, criticó la decisión del Ejecutivo Federal de reducirse el salario sin fundamentarla en criterios objetivos.

“En el caso de los organismos autónomos el tema de reducción de sueldos es más delicado, porque se trata de funcionarios altamente especializados”, dijo.

Sin embargo, admitió que desde que se dio a conocer la intención de reducir salarios y prestaciones, la Cámara de Diputados la atendió, se redujeron gastos, se mantienen los sueldos por debajo de las percepciones presidenciales y se eliminaron los seguros de gastos médicos mayores.

El senador panista Damián Zepeda consideró que se tiene que arreglar el tema de fondo y que se ajuste a criterios técnicos. Mientras que Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano, dijo que las decisiones de la SCJN son un alto al presidente para que deje de influir en los organismos autónomos y así evitar que los servidores públicos “se fuguen a la iniciativa privada”.

El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Mancera, consideró que debe impulsarse otra reforma a la normativa del salario presidencial y los efectos que tiene en el resto de las percepciones.

El gobernador de Banxico es quien percibe los sueldos más altos, con 247 mil 865 pesos, mientras que el comisionado de la CNDH devenga 198 mil 217 al mes.

Salarios similares tienen el comisionado presidente de Instituto Nacional de Transparencia y el consejero presidente de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mientras que el del Instituto Nacional de Estadística percibe casi 186 mil pesos.

En el caso de Banxico, el argumento para la controversia es que el presupuesto destinado a este organismo es autogenerado, no proviene del erario federal porque el banco es autosustentable económicamente.

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