Para garantizar que la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) esté debidamente enterada del estatus del patrimonio de la institución, el legislador León David Jiménez Reyes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley que Crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Al participar durante la décima quinta sesión ordinaria, del primero año de labores, el diputado Jiménez Reyes planteó modificar el artículo 8 de la citada a ley a fin de establecer que todo convenio que la UPAV celebre con cualquier persona física o moral y que en el cumplimiento de su objeto se modifique el patrimonio de la Institución, deberá ser enterado por el Rector dentro de los informes trimestrales que formulará y someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno.

Asimismo, busca incorporar como atribuciones de la Junta de Gobierno, además de aprobar el programa operativo anual que someta a consideración el Rector de la Universidad, el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme a las disposiciones aplicables, así como los informes trimestrales de gestión financiera que se presenten al Congreso del Estado, los cuales deberán precisar el estado actual del patrimonio de la Universidad y las modificaciones que éste haya sufrido derivado de la celebración de convenios con personas físicas o morales.

Por otra parte y en concordancia con lo antes señalado, se propone indicar en el artículo 19, relativo a las atribuciones del Rector de la UPAV el formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos anuales de presupuesto de ingresos y de egresos, el programa operativo anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los informes trimestrales de gestión financiera que se presenten al Congreso del Estado.

En su intervención en tribuna, el diputado León David Jiménez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que la UPAV se constituyó como una alternativa para los jóvenes que no obtenían su ingreso en la Universidad Veracruzana, pero también, “resultó una posibilidad para que alumnos de escasos recursos económicos y con ganas de salir adelante, pudieran recibir servicios educativos de nivel medio superior y educación superior para que al egresar se pudieran incorporar a alguna actividad productiva”, agregó.

Refirió que la UPAV ganó prestigio por la calidad de sus servicios, pero –agregó- “ésta se vio mermada luego de permanecer envuelta en una serie de irregularidades como las plasmadas por egresados de dicha institución quienes luego de haber concluido sus estudios, y cubrir, con mucho sacrificio, los costos correspondientes para realizar los trámites de expedición de sus títulos y cédulas profesionales de licenciatura y maestría, no tenían respuestas ni soluciones”.

Recordó que los problemas para esta Institución incrementaron y ejemplificó la denuncia por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de quien o quienes resulten responsables por la falta de comprobación documental que justificara los recursos ejercidos durante 2016, lo que arrojó un monto de 361 millones 344 mil 763.92 pesos que se integra por observaciones no solventadas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen.