La opinión pública se enojó mucho la semana pasada al enterarse que un juez amparó a Rosario Robles, extitular de SEDESOL y SEDATU para que no pudiera ser detenida por autoridad alguna, pero de lo que no se enteraron muchos de esos enojados es que el amparo no la libra de la investigación que realiza la FGR por el presunto desvío millonario de recursos públicos en el Caso conocido como ‘La estafa Maestra’ y que ella y sus presuntos cómplices deberán presentarse a las audiencias que se tengan que presentar cuando otro juez lo determine en atención al pedimento que haga la FGR.

Ese amparo no la librará de la acción de la justicia en caso de que la FGR logre acreditar las pruebas necesarias para ponerla de cuerpo entero en una cárcel de la CDMX o en cualquier otra del país.

Y para muestra basta un botón, esta misma tarde noche de domingo, ha trascendido en medios nacionales -Carmen Aristegui-,  que, a Rosario Robles y a Emilio Zebadúa, quien fungío como Oficial Mayor con ella, tanto en SEDESOL como en SEDATU le fueron congeladas sus cuentas bancarias una vez que la FGR logró acreditar con la documentación necesaria que la vinculan con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos cometidos por ambos exfuncionarios Peñistas. En la investigación que se les sigue se presume que desviaron recursos públicos, crearon empresas ‘fachada’, contrataron sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.

Ahora que las cortinas se empiezan a mover, existe la percepción en analistas políticos que la guillotina podría barrer para arriba, gobernación-, y para abajo, subsecretarios, directores generales y contralor interno de ambas dependencias, y ya de plano hasta podría mover piezas en la Contraloría del Estado de Veracruz.