Igual que en cualquier otra administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó su campaña propagandística rumbo a la entrega de su primer informe de actividades como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo estipula la ley: una semana antes y hasta cinco días después de lo que se supone debería ser el más importante acto de rendición de cuentas en nuestro país.

Como cualquier otro político, el actual titular del Ejecutivo federal hace un resumen de lo que considera son sus logros a casi nueve meses de gestión, sin realizar un mínimo ejercicio de autocrítica sobre las decisiones que han causado controversia, que han desmantelado programas e instituciones que prestaban un servicio importante a la ciudadanía y que, en consecuencia, han propiciado una inocultable polarización social que, dicho sea de paso, poco o nada le preocupa a López Obrador. Por el contrario, la alimenta con sus dichos todos los días.

En la serie de cuatro spots que comenzaron a circular desde el pasado domingo 25 de agosto, López Obrador se refiere a la economía, la seguridad, la austeridad y sus programas de empleo y entrega de “apoyos” a la población. Según el presidente, “hay bienestar”.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz. No ha aumentado la deuda pública”, dice López Obrador en el primer promocional, en el que enfatiza, con un tono como entre de reto y regaño, que “los compromisos, se cumplen”.

Sin embargo, como es sabido, ni de cerca ha podido cumplir con el compromiso adquirido en campaña de hacer crecer la economía nacional, misma que al segundo trimestre del año registró lo que es palpable en los bolsillos, en el empleo y en el consumo de la gente: un mediocre estancamiento que se traduce en un cero por ciento de incremento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En otro promocional, López Obrador presume las reuniones diarias a las seis de la mañana con su gabinete de seguridad “para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos”.

Pero los datos duros –no esos otros que el presidente siempre dice que tiene- muestran que esas “mañaneras” del gabinete de seguridad –que incluye a los altos mandos militares, a los titulares de Gobernación, Seguridad Pública y de la Guardia Nacional- no han servido para gran cosa: de enero a julio se registraron 20 mil 135 homicidios en el país, de acuerdo con el reporte de víctimas del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esos asesinatos, dos mil 173 han sido de mujeres, de los cuales, 540 fueron tipificados como feminicidios, es decir, crímenes por violencia de género. El estado que encabeza la lista de mujeres víctimas de asesinato por su condición femenina es Veracruz, con 120 hasta el mes de julio. Cifra que el gobierno de Cuitláhuac García se niega a aceptar.

La situación de la violencia contra los periodistas no ha mejorado un ápice tampoco. De acuerdo con las cifras aportadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos este mismo lunes 26 de agosto, de diciembre de 2018 a agosto de este año, 15 periodistas y 24 defensores de derechos humanos fueron asesinados, siendo Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo los “focos rojos” para la actividad periodística. Aunque hay otros conteos que aseguran que el número de periodistas –según el alcance que se le dé a la definición del mismo- asesinados en México es mayor en estos primeros nueve meses de lopezobradorismo gobernante.

Pero a pesar de éstos y otros muchos datos nada halagüeños de este primer tramo del sexenio, el triunfalismo es lo que priva en los mensajes presidenciales, que evidentemente están diseñados para ser consumidos –en el sentido literal del término- por sus bases de apoyo. No le interesa convencer ni conciliar. Lo que el presidente quiere es aprobación absoluta, incondicional. Como cualquiera de los que le antecedieron.

Y eso sí que no es para presumir. 

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