Jorge Winckler Ortiz, a través de su cuenta de Twitter personal y la Página oficial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, da su versión con relación a la decisión ilegal de un grupo de Diputados integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso Local del Estado y que pertenecen al partido Morena y a otros de la coalición “Juntos Haremos Historia”, para “removerme temporalmente” como Fiscal General del Estado de Veracruz, preciso lo siguiente:

1) Dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Asimismo, viola una Suspensión Definitiva vigente, que prohíbe destituir al Fiscal General a través de mecanismos no contemplados en la Ley al momento de su designación. Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal.

2) Mi intención y la de muchísimos veracruzanos es defender una Institución que debe de ser Autónoma e independiente del Poder Ejecutivo del estado. Con esta ilegalidad no se ataca y perjudica a Jorge Winckler Ortiz, sino a la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes.

3) Interpondré todos los recursos que la Ley me permite para impedir una ilegalidad que atenta en contra de nuestra Constitución y de la vida democrática no sólo de Veracruz sino de todo México.

4) En mi vida privada y profesional siempre me he conducido con apego a la legalidad y al estado de Derecho, y bajo esa premisa ha sido mi actuación como Fiscal General del estado de Veracruz.

5) En vista de las acciones violentas a través de las cuales la Secretaría de Seguridad Pública cercó y tomó las oficinas de la Fiscalía General del Estado, incluso utilizando la violencia en contra de Diputados y trabajadores de la Institución, hago responsable de mi integridad y la de mi familia al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Hasta la hora el Fiscal Winckler no ha contestado llamadas ni ha salido a dar alguna declaración a los medios locales ni nacionales.

Lo que no se sabe ni lo aclara Winckler en su comunicado es si efectivamente incumplió con su obligación Constitucional de certificarse ante el Sistema Nacional de Seguridad, pues de no ser así esto sí dará fundamentos al Pleno del Congreso para su destitución.