La corrupción es casi parte de la idiosincracia del mexicano, cuando menos así lo han demostrado algunos políticos. Y para que no digan que en la 4T no hay mexicanos, ya han aflorado también algunos casos sospechosos pero la diferencia está en que, al parecer, ésta no se solapa. 

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años y medio a la empresa Lomedic, S.A, de C.V., de Carlos Lomelí, después de un proceso fast trak que se aventó la SFP y que de entrada le costó el cargo al cuestionadísimo ´Súper delegado’ de la 4T en Jalisco por falsear información en licitaciones gubernamentales. 

Este viernes el dictamen oficial del proceso contra las empresas de Lomelí fue dado a conocer a los medios y publicado en el Diario Oficial de la Federación para que no haya dudas, ni malentendidos. 

En la publicación oficial se exhorta a las entidades federativas, municipios y alcaldías, de abstenerse a realizar cualquier negociación con dicha empresa farmacéutica, de manera directa o por interpósita persona por el plazo de dos años y 6 meses. 

¿Y qué pasará donde ya hicieron tratos y contratos? Pues ahí está el quid del asunto, puesto que la SFP no invalida ni cancela, ni interviene, en contratos ya celebrados y formalizados con la empresa antes del 13 de septiembre del 2019. 

O sea, se castiga pero nomás tantito. No cabe duda que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas.