El capricho de Miguel Ángel Yunes Linares por heredar el poder estatal a su vástago, tuvo un alto costo no sólo político ni moral sino económico y las cuentas se han puesto claras.

Ayer, a un día de entregar su encomienda, el auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez presentó el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Ahí se revela un presunto daño patrimonial superior a los 4 mil 500 millones de pesos cometido en el último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares lo que confirma el nivel de cochinero financiero y desvíos de recursos que perpetró el yunismo apenas, el año pasado y todo con el fin de perpetuarse en el poder en la monarquía disfrazada.

Inconsistencias en la aplicación de los recursos en obras públicas, en las adquisiciones, pagos a prestadores de servicios, obras no terminadas o mal ejecutadas, volúmenes de obra pagados en exceso, expedientes de obra incompletos, expedientes sin proyecto original, obras asignadas sin cumplir con la normatividad, todas estas pillerías son el universo de anomalías detectadas en el ORFIS en el año en el que Yunes papá quiso hacer gobernador a Yunes hijo. Tan sólo en deuda pública hay irregularidades por más de 800 millones de pesos, una verdadera rapiña la que ejerció el Demonio Azul en su desgobierno bianual, donde el primer año ya el ORFIS le había detectado más de mil millones de anomalías y esta vez se revela el presunto desfalco por 4 mil 500 mdp, esto es para hacer ver a Yunes explicando el desaseo, solventando las irregularidades, devolviendo lo robado o de plano, encarcelado al lado de su antecesor, Javier Duarte.

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