En el mes de agosto del presente año, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, reveló que la dependencia a su cargo había detectado la venta fraudulenta de plazas, y comentó que algunos de los defraudados llegaron a pagar hasta 110 mil pesos, a cambio de falsas órdenes de adscripción a centros educativos de diversos puntos de la entidad.

En aquella ocasión el servidor público advirtió que es delito comprar una plaza: “Quiero decirles a los ciudadanos que no se dejen sorprender, que la Secretaría no vende plazas, eso es totalmente falso. Hay que tener claro que una orden de presentación (para un plantel) sale del área de Recursos Humanos de la SEV y está debidamente requisitada”.

Y como consecuencia de esta práctica ilícita, se reporta que en el norte de la entidad hay por lo menos 180 personas, con nombramientos de docentes, intendentes y administrativos, que han sido detectados con documentación apócrifa.

Por aquella zona corre la versión de que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, operaron “promotores” de plazas, que decían trabajar bajo las órdenes de quien en ese entonces era subsecretario de Educación básica, Jorge Flores Lara.

Hay, pues, investigaciones ministeriales en las que aparece el nombre de Jorge Flores Lara, un personaje que ha impuesto un cacicazgo político desde el municipio de Chalma, que en la actualidad gobierna su esposa, Mariana Galván Argüelles.

Antes, entre 1982 y 1985, gobernó ese municipio Silvino Flores Flores, suegro de la actual alcaldesa; Jorge Flores Lara fue alcalde del 2008 al 2010 y Humberto Flores Lara, cuñado de Mariana Galván, encabezó el municipio del 2011 al 2013.

En virtud de que ya la venta de plazas dejó de ser negocio, Jorge Flores Lara se dedica en la actualidad a explotar los negocios que se pueden hacer bajo la sombra de la administración municipal.

La obra pública es su principal fuente de ingresos.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó en la cuenta pública del 2018 severas inconsistencias en al menos dos obras del municipio de Chalma, que representan un daño al erario cercano a 1.5 millones de pesos.

Una de ellas es la construcción de un sistema integral para abastecer de agua potable a las localidades de Aquixcuatitla, Amaxal, Apigia, Cacalaca, Cuateplixtla, Heytlachiquel, Poxtla, Tenexco y Zapotitla.

La auditoría a dicho proyecto mostró que la obra no fue concluída, faltó documentación comprobatoria y hubo volúmenes pagados que no fueron ejecutados, lo que representa un probable daño patrimonial por un millón, 144 mil 551 pesos.

Otra obra en la que se detectaron graves irregularidades, fue en la construcción de 15 cuartos dormitorio en la localidad de Santa Quitería en donde se detectó que la obra no fue terminada, además de que fueron pagados en exceso volúmenes no ejecutados, por lo que se observó un probable daño patrimonial de 108 mil 423 pesos.

Estos pudieran parecer “peces pequeños” para la pesca de grandes presas que prepara el gobierno estatal, a partir de las irregularidades detectadas en el bienio yunista, pero de pronto se podrían convertir en la punta de la madeja.

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