A pesar de la feroz resistencia de las cámaras empresariales del país, los diputados aprobaron alrededor de las tres de la tarde de este martes -en lo general- el dictamen para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada lo que incluye la facturación falsa y las empresas espejo mejor conocidas como fantasma.

 Por considerarse de delitos de delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional se impondrá prisión preventiva de oficio a quienes cometan este delito. Las penas serán de dos a nueve años de prisión para los que expidan, vendan, enajenen y compren comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas.

 Los diputados de Morena y sus aliados demostraron una vez más su poder ante el que PRD y PAN nada pudieron hacer. 318 votos a favor, 121 en contra, tres abstenciones y una asistencia considerable de 442 diputados presente.

 Resulta interesante como serios reportajes periodísticos hayan repercutido hasta la emisión de este tipo de leyes en las cuales todos los contribuyentes caen en el perfil de probables delincuentes.

 Siempre quedará la duda en que si el Gobierno y el SAT saben que existen alrededor de 9 mil empresas factureras no simplemente se les busca y se les sanciona en lugar de hacer todo un tango legislativo que en verdad calienta los ánimos entre los empresarios.

 Sin embargo, hay que reconocer que la medida disminuirá la evasión, hasta que desde luego encuentren algún portillo legal o práctico para proseguir en el camino de la ilegalidad, pues en los eventos fiscales defraudatorios tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.

 Las facturas falsas no llegan solas a la contabilidad de los evasores.  Donde hay un vendedor siempre habrá un comprador o viceversa.