Por un lado el delegado federal del Infonavit en Veracruz Erik Porres Blesa, asegura que promueve una cobranza social sin acosar a los deudores del instituto y afirma que se está cambiando la forma de cobranza y se evita el acoso e intimidación de despachos hacia los derechohabientes.

Lo anterior a que el pasado 13 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un exhorto al Infonavit para desistirse de juicios masivos que pudieran derivar en desalojos y ofrecer todas las facilidades de pago posibles para los trabajadores y evitar que pierdan su patrimonio.

Sin embargo representantes del Barzón, aseguraron en rueda de prensa que el Infonavit continúa con acciones de cobranza judicial y que al menos en Veracruz existen 7 mil 254 demandas entabladas y en curso, de las cuales 645 han sido interpuestas en este mismo año, de las que 208 están en etapa de remate o venta judicial forzosa, llevándose a cabo con éxito 187 audiencias, 4 desalojos y 25 adjudicaciones a favor del Infonavit.

Y, abundaron, hay un peligroso clima de confusión entre las acciones que el gobierno anuncia y lo que se hace en la oficina de Erik Porres Blesa.

Lo dicho, aquí alguien miente. No puede haber dos versiones diferentes para un mismo hecho.