“Esto es botín de guerra”, les decía con sorna Polo Domínguez a sus víctimas.

El 2 de noviembre del 2018, cuando faltaba menos de un mes para que asumiera el cargo de gobernador, Cuitláhuac García se refirió a los bienes “recuperados” por Miguel Ángel Yunes Linares:

“Había un reparto, una piñata con los bienes duartistas supuestamente recuperados y que ahora yo pongo en duda, porque realmente no fueron recuperados, sino nuevamente robados”.

Seis meses después, ya en funciones de gobernador, Cuitláhuac García insistía en el tema:

“Los bienes presuntamente recuperados por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, no fueron entregados al gobierno del estado (…) se los quedaron Yunes y los otros, todo fue un show mediático”.

Declaraciones de exservidores públicos de la administarción de Javier Duarte, quienes admitieron haber sido víctimas de extorsión por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, a través de sus operadores Leopoldo Domínguez Armengual, Jorge Armando Lince de la Peña y Daniel Ortiz Peña, aseguran que el gobernador del bienio y sus secuaces “se quedaron con más de la mitad de los bienes y el dinero” que les arrebataron con amenazas.

No sólo eso. Lo poco que fue registrado como “propiedad del gobierno estatal” se hizo mediante la figura de “donación”, un mecanismo jurídico incorrecto, que además no deja claro el origen de los bienes, ni la voluntad plena de los “donatarios”.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realizó una “auditoría de legalidad”, para verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del gobierno del estado, durante el ejercicio 2018, estuvieran apegados a lo establecido en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en el número extraordinario 016, del 11 de enero de 2017.

De dicha auditoría se determinaron cinco observaciones, cuatro de las cuales no fueron solventadas, mientras que una de ellas fue solventada parcialmente.

Entre las irregularidades que el Orfis encontró en este proceso, destaca que los bienes que fueron incorporados al Patrimonio del Estado llegaron mediante el mecanismo de la “donación”, que no está considerado en el Artículo 201, del Código Financiero para el Estado de Veracruz, como una de las formas legales para la obtención de “recursos excedentes”.

Les llamó la atención que en todas las donaciones se incluyera como “la parte donataria” a la misma persona, sin que se asentaran los fundamentos, ni los dispositivos legales, que le otorgaran a esa persona la representación, ni el carácter, con los cuales se ostentaba, máxime que se trató dela mismo sujeto, quien además, no contaba con domicilio en el lugar de la donación, ni en la entidad federativa respecto de la cual, se decía “gestor oficioso”.

Como ya se explicó en este mismo espacio, la extorsión la realizaban los notarios públicos Leopoldo Domínguez Armengual y Jorge Armando Lince de la Peña, quienes se acercaban a los exfuncionarios estatales con el cuento de que tenían “un grueso expediente” en su contra, que los llevaría irremediablemente a la cárcel, pero que a cambio de una “donación voluntaria” (lo que en el argot político se conoce como “vómito negro”) podrían dar “carpetazo” al asunto.

Una vez que “convencían” a su víctima, la llevaban a la notaría pública número 10, de Veracruz (la de Domínguez Armengual) para protocolizar la “donación”. Pero en los documentos no se establecía que el propietario de esos bienes le donaba al gobierno estatal, sino que lo hacía a un “gestor oficioso”, que en todos los casos fue Daniel Ortiz Peña, primo hermano de Jorge Winckler Ortiz y quien, además, se desempeñaba como titular del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río, cargo que –por supuesto- no aparece en ninguno de los documentos.

De todo lo robado a los duartistas, sólo aquellos bienes que eran muy conocidos, o que resultaba complicada su venta, fueron a dar al gobierno estatal, como las naves aéreas, el rancho El Faunito, o los cuadros de pintores famosos que fueron turnados al Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC).

La auditoría del Orfis identifica un caso en el que no todo lo “recuperado” pasó a ser propiedad del gobierno estatal. 

En la Observación Número LP-017/2018/002 se advierte que los lotes 8, 9, 10 y 11, de la fracción Tres, Manzana Uno, ubicados en la calle Lagunas de Monte Bello, del fraccionamiento “Residencial del Lago”, en Xalapa, fueron registrados a nombre del Gobierno de Veracruz en el 2018, aunque en el informe de labores del primero año del yunismo se les ubica como  “recuperados” durante el período comprendido entre diciembre del 2016 y noviembre de 2017.

Sin embargo, en el documento publicado por la Oficina de Programa de Gobierno, bajo el nombre “Dignidad recuperada, nuestros logros como veracruzanos”, no se hace referencia a esos lotes.

Ya el propio Cuitláhuac García ha admitido que hay particulares que están reclamando que les sean reintegrados sus bienes, toda vez que en la actualidad están en el Limbo (se los arrebataron bajo amenazas y el gobierno estatal no los puede registrar como patrimonio de la entidad, algo que los juristas llaman “la nada jurídica”).

Muchas de las víctimas de la pandilla de Miguel Ángel Yunes se mantienen a la expectativa. Esperan que la Fiscalía proceda contra el exgobernador por el delito de extorsión y asumen que durante el proceso serán llamados a declarar.

Los testimonios son irrefutables. La guillotina está por caer.

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