Que hasta la fecha en el presente gobierno se han liberado a casi 100 indígenas que se encontraban presos injustamente debiera ser por sí misma una excelente noticia, una acto de justicia que no se podría ni debería comparar con ningún otro acto de gobierno.

Un acto humano de tal naturaleza vale por sí mismo.

Y ese es uno de los resultados que logró alcanzar, tan solo en este año el Tribunal Superior de Justicia, gracias a las iniciativas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo a Política al Día el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña.

Sin embargo la política, la cochina política que nubla los ojos, que raya en la mezquindad como parte de una sociedad polarizada, impide ver más allá de los propios intereses partidistas y más allá de los tiempos sucesorios en el Tribunal.

Ese solo hecho, la liberación de casi cien indígenas inocentes, y aunque hubiera sido tan solo la liberación de uno solo, indígena o no, pero inocente, valdría o sería suficiente para el reconocimiento público e imparcial de logros y avances en la materia más importante de la vida misma: la impartición de la justicia.

En estas circunstancias de las injusticias no solo subre quién está en la cárcel sino todos sus familiares y si me apuran la sociedad entera.

Pero para ello, hacía falta voluntad política, inversiones e infraestructura y las actuales autoridades le metieron la mano, se instalaron 15 juzgados micro regionales en zonas indígenas, así como la terminación de 4 de las 21 ciudades judiciales que se requieren en Veracruz y que están programadas para completarse en los años subsiguientes.

Escatimar esos avances al Gobierno del Estado es negar que dos y dos son cuatro.

Negarle méritos a esos avances del Poder Judicial, es negar que se está en proceso de saldar viejas deuda pendientes con cientos, quizá miles de veracruzanos indígenas o no, que hace años esperan a que se les dicte sentencia, que siendo inocentes están ahí muriendo en vida y privados de su libertad por falta de jueces, por falta de infraestructura, pero sobre todo por falta de decisión política y principios humanos.