La Mesa Directiva de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, autoría de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, la cual tiene como objetivo establecer una serie de mecanismos que garanticen el derecho a vivir en familia, como un derecho inherente a las niñas y niños, procurando la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente familiar estable.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que su iniciativa pretende  armonizar la Ley Estatal con las normas internacionales de la materia, suscritas por el Estado Mexicano y recogidas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en las que se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, obligando al Estado a procurarles condiciones adecuadas que les garanticen un desarrollo pleno.

Desatacó que se deben impulsar políticas públicas que aseguren el desarrollo de su personalidad, procurando que los menores crezcan en el seno de una familia, por lo que las modificaciones a esta Ley establece la obligación de las autoridades competentes de llevar un registro de quienes deseen dar en adopción a su hija o hijo, así como también de los posibles adoptantes, el cual estará a cargo del Consejo de Adopciones operado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz (DIF).

Por otro lado, esta propuesta también establece la figura de Familia Provisional misma que, temporalmente, quedará al cuidado de la niña o niño en proceso de adopción, hasta en tanto se defina su situación jurídica, igualmente, establece el derecho de secrecía en todas las adopciones, salvo mandato judicial.

Asimismo, se incorpora un capítulo relativo a las atribuciones del Gobierno estatal en materia de adopciones, y otro sobre el Procedimiento Especial de Adopciones, a fin de garantizar el derecho de las niñas y niños a vivir en una familia, siempre bajo la protección del Estado.

Relativo a lo anterior, la iniciativa dispone que la resolución que emita el juez sobre la adopción de una niña, niño o adolescente no deba rebasar el término señalado en la Ley General, con lo que se garantizan trámites expeditos, procurando siempre el interés superior de la niñez.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Derechos de la Niñez y la Familia.