La situación de inseguridad en el Estado mantiene un alto nivel de preocupación, aunque sorpresivamente el sábado pareció alumbrar un rayo de luz esperanzador de coordinación entre autoridades sin la cual es imposible atacar integralmente el problema.

Por un lado, el fin de semana se confirmó el secuestro de casi toda una familia entera en Isla –padre, madre, hijo e hija, de 56, 49, 25 y 23 años, respectivamente; está a salvo una hija que ya no vivía con ellos– sin que hasta la fecha se sepa de la suerte que han corrido.

Hombres encapuchados que viajaban en dos vehículos los sacaron a golpes de su domicilio y se los llevaron. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 18, hace una semana y desde entonces están desaparecidos.

Tal vez ni siquiera parte de las estadísticas oficiales de desaparecidos han pasado a ser ante tantos casos ocurridos y el maquillaje de cifras que se hace para salir a anunciar que han bajado los índices delictivos, y la indiferencia hasta de muchos medios y de la sociedad que parece que se han acostumbrado a que hechos como el mencionado sucedan y lo vean como parte de la normalidad de la vida diaria.

El secuestro y desaparición de una familia ocurrió casi un mes después de que siete comerciantes de Ixtaczoquitlán también desaparecieron luego de que habían sido detenidos por elementos de la policía municipal y presuntamente haber pagado una multa (al parecer su falta o delito fue haber circulado de noche procedentes de Fortín a donde habían ido a comprar mercancía) para recobrar su libertad.

Pese al cacareo oficial de que ya se acabó la impunidad y que Veracruz está mejor que antes, esos y muchos otros casos más no se han esclarecido, no se sabe de los autores y no hay un solo detenido, como tampoco se ha castigado a ningún autor de la masacre en el bar Caballo Blanco ocurrida el 27 de agosto que dejó un saldo de 31 muertos.

Pero el sábado pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio un paso que puede hacer creer que ha decidido rectificar su actuación y colocarse dentro del marco de la institucionalidad en su relación con algunas autoridades que no son de su partido y a quienes ha visto como enemigos, que de confirmarse merecería –eso creo– la aprobación general.

Resulta que en un acto con motivo del Día de la Armada de México celebrado en el puerto de Veracruz, compartieron presidium el mandatario estatal y el alcalde jarocho Fernando Yunes Márquez, en forma equidistante solo separados por y flanqueando al comandante de la Primera Región Naval, Romel Ledezma Abaroa, una imagen que debiera ser la normalidad si no es porque se ha privilegiado la confrontación política.

Pero si la imagen sorprendió, más lo hizo, por inusual, la declaración de García Jiménez de que se coordina con el alcalde Yunes Márquez para atender los casos de agresiones sexuales en el puerto, que tan solo en octubre sumaron veintidós.

"El Alcalde de Veracruz está haciendo los esfuerzos porque haya mayores niveles de prevención y creemos en él. En unos días el Alcalde va a incorporar más elementos a la Policía Municipal que fue un compromiso que se hizo en la coordinación" (alcalorpolitico, 23/11/1949), manifestó.

Mencionó algo que es cierto: que la responsabilidad primordial de atender los casos de agresiones sexuales a mujeres es de las autoridades municipales, pero también expresó que su Gobierno está coadyuvando para resolver el problema.

"Aquí ya tenemos elementos de la Policía Estatal, (de la) Policía Naval y le habíamos hecho hincapié al Alcalde que de los mil que le faltan él pudiera incrementar unos. Es el compromiso y lo va a cumplir; dentro de unos días estará incorporando más, que están a punto de salir de la Academia".

Declaración irreprochable, apoyo que debiera ser la normalidad, relación institucional, coordinación necesaria, elementos básicos urgentes de observar y de llevar a la práctica para combatir con éxito las acciones delincuenciales, al margen de las diferencias políticas, ideológicas, de siglas y colores y de cualquier otro tipo.

Creo que para ningún veracruzano es desconocido el pleito político, casi personal o personal, entre el padre del alcalde, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y uno de sus hermanos, el excandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez, no solo con el gobernador sino hasta con el ahora presidente de México, enfrentamiento del que el presidente municipal, al menos públicamente, se ha mantenido ajeno.

En ese aspecto el edil ha actuado con prudencia y responsabilidad pues sabe muy bien que involucrarse sería  poner en riesgo los aspectos positivos de toda relación institucional, esto es, poner en riesgo los intereses de sus representados, los habitantes del municipio tanto los que votaron por él como los que no.

El gobernador se ve bien con la actitud del sábado porque el otro tiene representatividad, la del pueblo que lo eligió, y a ambos la responsabilidad con sus electores los obligan a una relación institucional, a actuar con civilidad y madurez política y a anteponer el bienestar de sus representados por encima de los pleitos de uno con los familiares del otro, lo que para nada debe ser un freno para actuar en contra del exgobernador o alguno de los integrantes de su gobierno de resultarles alguna responsabilidad legal en algún ilícito en agravio del patrimonio del Estado.

Pero solo el paso de los días nos habrá de confirmar si la del sábado será una actitud permanente del gobernador con el alcalde del puerto y de otros municipios al margen de diferencias partidistas u otros intereses, o si todo fue nada más flor de un día. Al menos por un momento el mandatario estatal ya demostró y, sobre todo, se demostró que sí se puede si él quiere. Y él es el único que puede tomar y mantener la iniciativa.