Era 17 de junio del 2018. En la Ciudad de México elementos de la Policía Ministerial de Veracruz detuvieron a Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general de esta entidad, cuando salía de un restaurante.

La Fiscalía General del estado (FGE) a cargo en ese entonces de Jorge Winckler Ortiz, informó que la detención se consiguió “a través de un operativo de inteligencia” y para hacer cumplir un mandamiento judicial obtenido por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el 11 de mayo de ese mismo año.

Año y medio después, luego de que Luis Ángel Bravo consiguiera el amparo de la justicia federal para poder llevar su proceso en libertad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, determinó que la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado incumplió la Suspensión Provisional dictada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, al ejecutar la orden de aprehensión dictada en su contra, “violentando su derecho a una adecuada protección judicial. En consecuencia, su detención vulneró su derecho a la libertad y seguridad personal”.

Como medida de satisfacción a la víctima (en este caso Luis Ángel Bravo Contreras) la CEDH hace notar que, de acuerdo con la Ley Estatal de Víctimas, la Fiscalía general del Estado deberá emitir una declaración oficial “que restablezca la dignidad, reputación y derechos” de la víctima; “una disculpa por parte de la autoridad responsable, y la aplicación de sanciones individuales”.

La recomendación 68/2019 emitida por la CEDH establece que la FGE deberá “instruir el inicio de una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva a fin de determinar la responsabilidad administrativa individual de los servidores públicos que incurrieron en las violaciones a los derechos humanos acreditadas”.

Además, en caso de configurarse alguna conducta u omisión que pueda constituir un delito por parte del citado personal, “deberá hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que se proceda conforme a derecho”.

Luego de ganar la batalla legal, Luis Ángel Bravo Contreras anunció que iría contra los servidores públicos que lo mantuvieron en prisión más de un año, inventándole delitos y pasando por encima de resoluciones de juzgados federales.

En la mira están, por supuesto, el exfiscal Jorge Winckler Ortiz; el exfiscal especializado en materia de personas desaparecidas, Eduardo Coronel Gamboa; el exfiscal anticorrupción, Marcos Even Torres (los tres, hoy prófugos de la justicia) y el personal de la Policía Ministerial que lo privó de la libertad, a pesar del amparo que lo protegía.

Luis Ángel Bravo pretendió llevar “la fiesta en paz” con el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y por ello aceptó incorporar como Visitador General de la Fiscalía a Jorge Winckler y presentar su renuncia, con el fin de que el recomendado del mandatario estatal asumiera, por prelación, la función de “encargado del despacho” hasta que fuera ratificado por el Congreso.

Había un pacto que, como muchos otros, Yunes Linares incumplió.

Hoy Luis Ángel Bravo Contreras dedica gran parte de su tiempo en hacer pagar a quienes lo traicionaron, y llegará todo lo alto que se púeda.

Otros excolaboradores de Javier Duarte de Ochoa se sumarán a esta cacería.

Muy pronto habrá noticias.

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