La versión de una probable “salida anticipada” de Cuitláhuac García de la gubernatura ha estado en el imaginario social desde la tarde de aquel domingo primero de julio de 2018, cuando se confirmó que el “efecto Peje” lo había llevado a obtener la más copiosa votación en la historia de Veracruz (un millón 667 mil 239 votos).

Ya durante el período de campaña se le había cuestionado a Cuitláhuac García su bajo perfil. Hablaba poco, hacía poco, y sólo aparecía en las múltiples visitas que hizo durante ese período Andrés Manuel López Obrador.

Una vez que inició su gobierno, las historias se multiplicaron. Desde entonces se han tejido numerosas historias, en las que se combinan situaciones reales con datos especulativos.

Las líneas argumentales más recurrentes coinciden en una supuesta “desilusión” del dueño de la franquicia Morena y Presidente de México, López Obrador, por su irregular desempeño al frente de la administración estatal y la existencia de un “Plan B”, que consistiría en incorporar a Cuitláhuac García al gabinete federal y colocar al frente del gobierno estatal a alguien con mejores condiciones.

Este plan alternativo, sin embargo, tendría algunas condicionantes de orden jurídico. El más importante, que cualquier sustitución del gobernador, antes de que hubiera cumplido los dos primeros años, obligaría a convocar a nuevas elecciones, lo que en opinión de la mayoría de los estrategas de Morena, representaría “un riesgo innecesario”.

(Y me refiero a “la mayoría” de los estrategas, porque al interior de Morena, en la Ciudad de México, algunos hicieron la tarea y tras analizar los sondeos de opinión sugirieron ir de una vez más a las urnas, lo más pronto posible, para capitalizar la aún fuerte tendencia a favor de su partido, que anticipaban caería si se prolongaba la gestión del actual gobernador).

Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, Cuitláhuac García fue cerrando la “curva de aprendizaje” y resolviendo los temas que más apremiaban, al grado de que a finales de año se hablaba más de ajustes en su gabinete, que en la posibilidad de que él pudiera dejar su cargo.

Pero “la gallera” se volvió a alborotar la semana pasada, el jueves, cuando se supo que en la orden del día de la sesión ordinaria de la Legislatura local, se había incluido una iniciativa de la bancada del PRI para reformar la Constitución de Veracruz y dejar plasmado en la Ley que ante la ausencia del gobernador, sería el secretario de Gobierno quien asumiera de forma provisional el cargo.

Dicho así, sin más detalles, parecía una reforma elaborada para favorecer al actual titular de esa posición, Éric Cisneros. Sin embargo, ya revisada al detalle, se muestra que no es otra cosa sino la adaptación, en la Constitución local, de los términos que contempla la Carta Magna para las ausencias del Presidente.

“Con la presente propuesta consideramos que se abonaría a la gobernabilidad, al impedir vacíos de poder en tan importante responsabilidad política, y se daría mayor agilidad al procedimiento de sustitución del mandatario que faltare de manera absoluta durante el ejercicio del cargo o inclusive al inicio del período constitucional, al preverse un reemplazo automático en tanto el Congreso del Estado determina qué persona ocupará el cargo con el carácter de interino o sustituto, con lo que se estaría en condiciones de que en el seno del Poder Legislativo se generen las condiciones idóneas para realizar un nombramiento de enorme relevancia para la vida institucional y política del Estado”, advierte la iniciativa en su exposición de motivos.

En lo esencial, la iniciativa plantea que el Artículo 47 de la Constitución local disponga: “En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, en tanto el Congreso nombra al gobernador interino o sustituto -lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días- la persona que ocupe la secretaría de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo (...) Quien ocupe provisionalmente la gubernatura no podrá remover o designar a las personas que ocupen la titularidad de las secretarías de despacho o equivalentes sin autorización previa del Congreso; asimismo, entregará a éste un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo”.

No sería, por lo tanto, una circunstancia atractiva para el secretario de Gobierno, como para que se le atribuyera la promoción de esta reforma.

Cuitláhuac García ya declaró que “se les va a cebar” a aquellos que promueven su partida. Lo cierto es que si la decisión se toma, el actual gobernador sería el último en enterarse. 

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