Corría el mes de agosto de 2018. Al recibir su constancia que lo acreditaba como Presidente electo de México para el sexenio 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador ofreció que como titular del Ejecutivo federal respetaría la soberanía de los otros poderes y no permitiría que se ejercieran contra esas instituciones autónomas presiones ni peticiones ilegítimas:

“En el nuevo Gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.

El respeto a la división de poderes en una sociedad como la nuestra, no es una “puntada”, ni una pose populista. Su importancia estriba en impedir que un solo individuo ejerza un poder de control ilimitado sobre el Estado, pues la distribución de las funciones estatales históricamente ha implicado el equilibrio de las fuerzas, en el que cada poder se ocupa de distintas tareas, restringiendo que algún poder se encuentre por encima de otro y lo subordine, para impedir la instauración de un régimen absoluto.

Quizá en su afán de emular expresiones y posturas de su guía político, de su jefe, esta semana el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se metió en un sendero peligroso.

El mandatario veracruzano anunció que “se investigará a jueces que liberen a delincuentes sin el debido proceso”.

¿Quién los investigará?

¿Por qué sólo a jueces, y no también a fiscales?

¿Por Verónica Hernández sí mete las manos al fuego, pero no por Sofía Martínez?

El debate es tan viejo como la justicia misma: Los que hoy son fiscales y antes se les conocía como agentes del Ministerio Público, acusan a los jueces de dejar en libertad a los delincuentes que ellos ponen a su disposición. Los jueces, por su parte, aseguran que la liberación de los indiciados obedece a la mala integración, por parte de los fiscales, de las carpetas de investigación.

¿Por qué asume el gobernador que la liberación de “delincuentes” (categoría que no deberían aplicarles en tanto que no haya sentencia en firme) es culpa de los jueces?

¿Estará enterado el gobernador –que es ingeniero, no abogado- que el Poder Judicial, en su autonomía, cuenta con los instrumentos para vigilar, investigar y, en su caso, proceder en contra de jueces y magistrados que incurran en faltas como esa de “liberar a delincuentes sin el debido proceso”?

Y a todo esto: ¿Qué opina la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta?

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