Si bien es cierto que el segundo informe del ORFIS no salió como algunos diputados hubieran querido, aun así el gobierno de Miguel Ángel Yunes y 131 alcaldes deberán responder por 3 mil 667 millones de pesos por presuntos daños patrimoniales... aunque quizá muchos de los tramposos exfuncionarios y alcaldes libren de ir a la cárcel puesto que el procedimiento ha sido alterado ya que la Ley dice que los análisis y dictámenes deben hacerse un año después del ejercicio presupuestal y en este caso ya habrán pasado dos años.

Seguramente habrá amparos al por mayor.

Cuánto lío, pero aseguran que era necesario hacer la revisión que se hizo al informe de Portilla porque muchos casos se hubieran perdido por estar mal fundamentados.  ¿Será?